El máximo órgano de la justicia argentina deberá resolver sobre un recurso de queja interpuesto por los empleados de Colonización, tras el revés del STJ chaqueño. En la audiencia de este jueves, sorprendió la noticia del “extravío” de tres expedientes.
El Diario de la Región, en su edición de este viernes, señala que la Corte Suprema de Justicia de la Nación deberá resolver si da a lugar un recurso de queja presentado por los empleados del Instituto de Colonización, accionantes en la causa por la adjudicación ilegal de tierras fiscales, luego de que el Superior Tribunal chaqueño ratificara el fallo de la Cámara de Apelaciones, que revocó la sentencia de primera instancia que ordenaba una investigación profunda de los casos denunciados.
En otro capítulo de la causa, el miércoles la jueza Iride Isabel Grillo, del Juzgado Civil y Comercial N° 6, recibió en audiencia a las partes involucradas con el fin de establecer el grado de cumplimiento del punto dos de la sentencia, que ordenaba se arbitren los mecanismos necesarios para investigar unos 4 mil casos de adjudicación de tierras fiscales observados. A la audiencia asistieron los accionantes, el presidente del Instituto de Colonización, Esteban Capitanich y el veedor Jhon París. El faltazo fue del fiscal de Estado Osvaldo Simoni, que tampoco envió a ningún representante legal.
Para uno de los abogados patrocinantes, Walter Zanuttini, en la audiencia “quedó demostrado que no se recuperó ni una sola hectárea comprendida en el marco de la causa”, señaló, marcando la insatisfacción por los magros avances logrados desde abril de 2007 a la fecha.
Sin embargo, más allá del lerdo cumplimiento del fallo de primera instancia, lo que generó al menos una fuerte sorpresa entre los denunciantes fue el extravío (o la no ubicación) de tres expedientes que suman alrededor de 7.500 hectáreas. A lo que la jueza ordenó su búsqueda y/o reconstrucción de los mismos por parte del organismo de aplicación.
En su informe, el veedor judicial París detalló que de los 64 expedientes obrantes en la causa, 36 permanecen en el Superior Tribunal de Justicia dificultando el avance de la investigación. De los 28 restantes, en 12 de ellos ya se iniciaron las medidas de lesividad correspondientes y tres de ellos ya tienen su presentación ante la Cámara Contencioso Administrativa. En otros 12, la Comisión Revisora de Actuaciones Administrativas del Instituto de Colonización “no merituó” el inicio de acciones de lesividad alguno. De los cuatro restantes, tres son los que aún no se encontraron y el restante (que también se había extraviado y luego fue hallado) se espera una prueba procesal (protocolo de escribanía) para la iniciación de medidas de lesividad.
Antecedentes.
El fallo sobre la adjudicación ilegal de la tierra pública fue dictada el 26 de abril de 2007, e hizo lugar parcialmente al amparo presentado por tres empleados del Instituto de Colonización y de la Dirección General de Bosques. En ése fallo, se ordenó que a través de los mecanismos legales pertinentes se proceda a la revisión de los expedientes denunciados como irregulares (64). Y si bien dicho fallo no fue apelado por el Instituto de Colonización de la gestión Nikisch (consintiendo la resolución de la jueza Grillo) si lo fue por el fiscal de Estado, Osvaldo Simoni. Tanto Colonización como Simoni elevaron a la jueza los informes requeridos, pero fueron impugnados en el mes de junio de 2007 ya que no se había cumplido lo ordenado. Así, los denunciantes solicitaron la designación de un veedor que resultó ser John París, Fiscal del Tribunal de Cuentas.
Volviendo a la apelación del fiscal Simoni (que para los accionantes refleja la intención de la gestión Nikisch de no investigar) vale recordar que la Sala Segunda de la Cámara Contencioso Administrativo, hicieron lugar a la apelación y revocaron el fallo de Grillo.
Luego, el STJ rechazó el recurso extraordinario deducido por los empleados de Colonización, así como el recurso extraordinario interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, los denunciantes (Raúl Vallejos, José Luis Rivero y Daniel Rolón) plantearon un recurso de queja directamente ante la Corte, que deberá resolver sobre ella a partir de la semana próxima.
(Fuente: El Diario de la Región)
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