San José, 4 oct (EFE).- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado paraguayo devolver 10.700 hectáreas de territorios ancestrales que se encuentran en manos privadas a la comunidad indígena Xákmok Kásek, como parte de una sentencia que condena a Paraguay por violar varios derechos a los aborígenes.
La Corte, entidad de la Organización de Estados Americanos (OEA) y que tiene su sede en Costa Rica, encontró al estado de Paraguay culpable por violaciones a los derechos de propiedad comunitaria, garantías judiciales, protección judicial, a la vida, derechos del niño, e integridad personal de los miembros de la comunidad indígena.
"Este Tribunal observa que los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek (ubicada en la región del Chaco) han sufrido diversas afectaciones a su identidad cultural que se producen primordialmente por la falta de su territorio propio y los recursos naturales que ahí se encuentran", indica la sentencia publicada hoy por la Corte en su página de internet.
Agrega que "la Corte estima que el derecho que asiste a los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek de recuperar sus tierras perdidas permanece vigente".
El caso se relaciona con un trámite que está abierto desde 1990 sobre una solicitud de reivindicación territorial de la comunidad, que, según la demanda de los indígenas, no se ha resuelto y ha provocado la imposibilidad de acceder a su territorio, lo que a su vez ha derivado en "un estado de vulnerabilidad alimenticia, médica y sanitaria, que amenazan en forma continua la supervivencia de los indígenas".
Los jueces ordenaron al Estado paraguayo devolver las 10.700 hectáreas de tierras a la comunidad indígena en un plazo máximo de tres años.
También establecieron en 295.000 dólares las indemnizaciones por daño material, inmaterial y gastos del proceso en favor de la comunidad indígena y ordenaron al estado crear un fondo de 700.000 dólares para el desarrollo de proyectos en comunidades indígenas sobre salud, seguridad alimentaria, agua potable, infraestructura sanitaria, entre otros.
Otros puntos de la sentencia indican que el Estado deberá realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad internacional en el plazo de un año y garantizar inmediatamente a la comunidad indígena el suministro de agua potable, atención médica, entrega de alimentos en calidad, material educativo, entre otras cosas.
Los jueces también ordenaron a Paraguay que en el plazo de dos años "adopte en su derecho interno las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un sistema eficaz de reclamación de tierras ancestrales o tradicionales de los pueblos indígenas".
Las sentencias de la CorteIDH son de acatamiento obligatorio para los países miembros de la OEA.
Fuente: EFE -
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