Lo afirmó el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Julio García, ante nuevas denuncias de comunidades indígenas contra la Fiscalía Nº 2 de General San Martín. Dijo que en la justicia persisten “conductas discriminatorias”
Ante una nueva denuncia de organizaciones campesinas indígenas contra la Fiscalía Nº 2 de General San Martín por dar curso a trámites de desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias, el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano, Julio García, aseguró que “hay desconocimiento e invisibilización del tema indígena y conductas discriminatorias en términos negativos”. Al respecto, consideró que se privilegia el derecho de propiedad privada incorporada en el Código Civil desconociendo el rango superior que poseen los convenios internacionales firmados por el Estado argentino que garantizan el respeto por los derechos de los pueblos indígenas.
En diálogo con RADIO CIUDAD, y ante una nueva denuncia de las organizaciones indígenas por el accionar de la Fiscalía Nº 2 de General San Martín a cargo de la fiscal Gladis Acosta de Scarel, García consideró que “hay desconocimiento e invisibilización del tema indígena, y conductas discriminatorias en términos negativos”. Vale recordar que la semana pasada se logró frenar un desalojo solicitado por la misma fiscal y desde el gobierno provincial se pidió la intervención del Procurador General del Superior Tribunal de Justicia Jorge Canteros. Al parecer, nada cambió desde aquella oportunidad.
“Se privilegia el concepto de propiedad en los términos que plantea el Código Civil y se deja de lado legislación de rango superior, como son los convenios internacionales referidos a pueblos indígenas que específicamente abordan la cuestión de tierras, como el convenio 169 de la OIT, que tiene un rango superior a la legislación local y nacional”, explicó el funcionario del Ministerio de Gobierno del Chaco.
García advirtió que “el escenario indígena es conocido públicamente así que no se lo puede invisibilizar. Y menos se pueden invisibilizar leyes que tienen un rango superior a las leyes que habitualmente los operadores de justicia estamos acostumbrados a tratar, a trabajar o a lidiar con ellas”.
“Es no sólo un problema de capacitación y de formación sino también de voluntad política de profundizar el conocimiento y hacer visible a un actor muy importante en nuestra provincia como son las comunidades y pueblos indígenas”, puntualizó el titular de la Dirección de Defensa de la Democracia y el Ciudadano.
Fuente : chacodiapordia
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