INTITUTO DEL ABORIGEN DEL CHACO

En la provincia del Chaco el Instituto del Aborigen Chaqueño es el ente que esta velando por las nesecidades de los pueblos Originarios de la provincia

martes, 30 de noviembre de 2010

Formosa: Para los poderes feudales provinciales ‘el mejor indio sigue siendo el indio muerto’.

‘La guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos, sino tenemos dinero carne y un pedazo de tabaco no nos has de faltar, cuando se acaben los vestuarios nos vestiremos con las bayetitas que nos trabajen nuestras mujeres y sino andaremos en pelotas como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. (…) La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver la patria enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín. Mendoza, 1819.’

Matan a nuestros hermanos originarios
Salta, Río Negro y ahora Formosa muestran que la actitud racista genocida y exterminadora de nuestros pueblos originarios vigente en nuestro país desde hace quinientos años, no ha podido ser erradicada ni siquiera bajo un gobierno nacional y popular, que se caracterizó por no reprimir en ningún momento al conflicto social. Habrá que pensar que para los poderes provinciales, eso funciona si es para los blancos y no para ‘nuestros paisanos los indios’ como llamaba el Libertador San Martín a nuestros hermanos originarios.
El asesinato de un cacique Diaguita en 2009 en Salta, había sido precedido por palabras del folklorista Chaqueño (Del Chaco salteño) Palavecino (Hombre del ex gobernador Romero) quien defendía la apropiación de sus campos sojeros, señalando ‘que ya le habían dado demasiada tierra a los indios, que ahora era tiempo de que se la dieran a los criollos’. Palavecino defendía las miles de hectáreas de soja de su propiedad sembradas en tierras de desmonte robadas a los pueblos originarios. En Río Negro la policía provincial y el gobierno que la manda, en una actitud permanente, se especializan en reprimir, torturar y matar a nuestros hermanos de la etnia mapuche que han logrado recomponer parte de de su hermosa cultura (la del general Perón, por ejemplo) luego del genocidio roquista de 1879. Finalmente, en estos días el gobierno de Formosa uno de los mas corruptos en el manejo de la tierra y los negocios públicos del país, empieza a resolver el conflicto con los hermanos Qom (llamados Tobas, despectivamente por españoles y guaraníes) matando a mansalva a pacíficos hermanos que reclaman por tierras otorgadas legalmente en 1940 y que les pertenecen legítimamente desde hace miles de años. Lo notable, es que de la represión participaron civiles que se dicen dueños de la tierra, los terratenientes Celía, acompañando a la policía provincial al mejor estilo de al AAA o de los grupos de tareas de la dictadura. Grupos que dejaron en Formosa una atroz secuela de muerte y terror. Mientras baleaban a mansalva a los pacíficos hermanos de la comunidad La primavera, (mataron a uno pero hay cuatro más en grave estado y varios hombres, mujeres y ancianas que no se atreven a ir al hospital por temor a ser maltratados, o despreciados… vaya con la provincia del amigo Insfrán), la policía y los terratenientes civiles armados se dedicaban ‘patrióticamente’ a quemar las humildes partencias de nuestros paisanos, al mejor estilo de bandas fascistas llenas de odio racial.
Formosa es famosa por muchas cosas, ninguna parecida al peronismo liberador y emancipador que se dio en otras latitudes. Cuando la Constitución de 1994 (no casualmente la inversa de 1949) transfirió las tierras ‘públicas’ es decir de los pueblos originarias a jurisdicción provincial, se produjeron allí negociados increíbles. Se vendieron lotecitos de 70.000, 80.000 hasta de 300.000 has de monte nativo a senadores provinciales o amigos del poder a 70 u 80 centavos la ha. Se trataba de tierras de monte nativo que serían desmontadas salvajemente para así participar del boom sojero. Está claro que Formosa junto a Chaco, Santiago del Estero, Norte de Córdoba y Salta son las provincias donde el monte nativo ha desaparecido casi completamente, para ser reemplazado por la forrajera cancerígena que alimenta a los cerdos de China y la India. Ya durante le dictadura genocida ésta intentó destruir el Impenetrable (bosque xerofítico que se extendía por Chaco, Formosa, Norte de Santa Fe y Este de Santiago del Estero) ya que según los sabios estrategas de Viola y Galtieri servía solo de ‘refugio subversivo’, fue entonces que entregaron cientos de miles de hectáreas a terratenientes amigos de los militares. Para muestra, uno de esos amigos resultó ser el dirigente radical Ricardo Buraylle, actual Presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación, gracias a la acción de los compañeros de Proyecto Sur (que por entonces participaban del espejismo de confundir a Biolcatti con Mao Tsé Tung), quien fuera beneficiado por el dictador Roberto Viola con 8000 hectáreas liberadas al accionar subversivo. Pero Buraylle no solo es famoso por haber dicho en medio del conflicto con los sojeros, ‘que si el Congreso aprobaba la resolución 125 había que cerrarlo’, rara expresión de fe democrática para alguien que luego fuera electo diputado nacional y eyectado a la presidencia de una comisión parlamentaria. En Formosa es más conocido por usar mano de obra esclava traída de prepo del Paraguay, o de las comunidades originarias, ‘total para que otra cosa sirven estos indios de mierda...’ En 2005 hubo que entrar con la Gendarmería para rescatar a 150 familias paraguayas esclavizadas por este gran demócrata miembro del partido Centenario, ya que la policía provincial se negaba a actuar contra este socio del poder. Así que la cosa viene de lejos, de muy lejos pero la represión actual se pasó de maduro y exige una respuesta del campo popular y del gobierno nacional. Las oligarquías locales, en complicidad con jueces repugnantes y antidemocráticos que deberían ser expulsados del poder Judicial, se niegan a cumplir con la ley que impide cualquier desalojo de tierras ocupadas por comunidades originarias y de hecho siguen prefiriendo la máxima que supieron acuñar los terratenientes y los genocidas de la generación del ’80: ‘El mejor indio es el indio muerto’. Pero nuestros hermanos no están solos, muchos tenemos mucho que decir y hacer, pero el gobierno nacional debe hacer lo que tiene que hacer y Gildo Insfrán debe seguir el camino de Juárez, Sobisch, Saadi y demás delincuentes provinciales cuya expulsión del poder permitió avances democráticos en sus provincias, tal como lo reclamara el compañero D ‘Elía o la compañera Hebe de Bonafini. El INAI, la Secrertaría de Derechos Humanos de la Nación, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Agricultura, la Corte suprema y el Poder Ejecutivo Nacional, tienen unas cuantas cosas para hacer si es que se quiere de verdad incorporar a nuestros ‘paisanos los indios’ a la nación argentina y no seguir considerándolos como partes del paisaje a ser exterminados. La línea iniciada por Rivadavia, Rosas, Mitre, Sarmiento y Roca (con matanzas posteriores bajo los gobiernos de Quintana, Irigoyen, Alvear, Justo y Perón) de exterminio de nuestros paisanos debe concluir de una vez y para siempre. En su lugar hay que recuperar la línea fundacional de la Patria de Castelli, Belgrano, Moreno y San Martín de construir la nación con nuestros hermanos originarios y no contra ellos. Debemos devolverles tierra, territorios, permitiéndoles desarrollar sus culturas y acabar con el atropello continuo de los terratenientes que desde el fondo de nuestra historia han considerado al indio material de caza, estupro y esclavitud. Hay que recordar, que como dice la tradición Inka, América es India y del Sol…

Desde el primer descubrimiento de estas Américas comenzó la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido en unas tierras que la naturaleza enriqueció con opulencia y que prefieren dejar sus pueblos que sujetarse a las opresiones y servicios de sus amos, jueces y curas. Mariano Moreno, 1802
Por Alberto J. Lapolla

Solicita resguardo de la vida y seguridad para aborígenes de Formosa

Constatada la gravedad de la situación que viven los aborígenes de Colonia La Primavera de Formosa, los diputados nacionales de la Coalición Cívica, Alicia Terada, Susana García y Juan Carlos Morán, enviaron una carta documento a la presidente Cristina Fe


Los legisladores de la Coalición Cívica requieren a la titular del Poder Ejecutivo Nacional, de manera urgente, arbitre las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y los bienes de la comunidad Qom de esa provincia.


En representación del Bloque de la Coalición Cívica, la integrante de la comisión de Población, Alicia Terada viajó el sábado a Formosa y participó de la Asamblea Qom en donde tomó contacto con el dirigente de La Primavera, Félix Díaz y fue informada del reclamo permanente por la titularización de sus tierras, la gravedad de los hechos ocurridos el día 23 del corriente -en donde murieron 2 personas y quedaron heridas otras 36- y el temor de que los mismos vuelvan a suceder.


Tras verificar que “muchos de los heridos que dejó la represión policial del 23 se encuentran en sus hogares en estado de abandono”, solicitaron a la presidente la urgente asistencia médica y provisión de medicamentos.


“Con esta iniciativa pretendemos resguardar la vida de los aborígenes de Formosa como así también de todos aquellos integrantes de organizaciones civiles que colaboran en defensa de los derechos de los pueblos originarios, y enviar un poco de tranquilidad a esta convulsionada comunidad que según manifestaron son víctimas continuamente de amenazas y hostigamiento policial fundamentalmente sus dirigentes indígenas”, explicó Terada y afirmó que “responsabilizan de manera directa a la presidente por lo que pueda llegar a suceder si no adopta de forma urgente las medidas necesarias para garantizar la protección de los derechos que los asisten

Colonia La Primavera-El Gobierno de Formosa aclara sobre la situación legal de las tierras


El ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia, Dr. Jorge Abel González, remitió a los medios un documento donde detalla cada una de las acciones y procedimientos legales llevados a cabo sobre la zona en conflicto desde 1940.
El texto del mismo señala: "Ante los hechos que son de público conocimiento y el intento de algunos sectores por desinformar tergiversando la realidad de los sucesos, corresponde expresar:

. La comunidad de La Primavera está ubicada en el departamento Pilcomayo. Con la creación de una misión evangélica por parte del pastor Jhon Church a fines de la década del ´30, distintos grupos indígenas se asientan en la zona de Naineck, conformando la base sociológica de la futura comunidad.

. Por Decreto Nacional Nº 80.513 de diciembre de 1940 se destina para reserva “…a ser ocupada gratuitamente por los componentes de la tribu del cacique Trifón Sanabria”, 5000 has en las leguas A y B de la sección III de la Colonia Laguna Blanca.

En 1952 la reserva se convierte en Colonia. Al provincializarse Formosa, la reserva es ratificada por el Decreto Provincial Nº 1.363/1963.

. En 1939, con anterioridad al dictado del decreto que establece la reserva, Don Rosario Celía inicia los trámites de tierras por ante el Ministerio de Agricultura de la Nación, al haber adquirido con anterioridad las mejoras que Don César Villalba poseía en las tierras de la zona de La Primavera.

. Durante el Proceso de Reorganización Nacional, numerosas familias criollas que estaban ocupando estas tierras fueron desalojadas, para hacer efectiva la reserva para la comunidad indígena.

. En el año 1981, con el acuerdo de la Comunidad de La Primavera, se practica la mensura de las tierras, dejándose fuera de las mismas, las ocupadas por la familia Celía, compensándose a la comunidad de La Primavera con fracciones de tierra al norte y al sur.

. Finalmente, por escritura 468 del 11-12-85 de la Escribanía Mayor de Gobierno, la Provincia transfiere a la Asociación Civil Comunidad Aborigen La Primavera en propiedad comunitaria 5187 hectáreas, superficie mayor a las 5.000 has reservadas originalmente.

. En el mes de octubre de 2008 un grupo de personas, entre los que se encontraban Felix Díaz, ingresó a tierras de la familia Celía, intentando abrir una picada, lo cual dio origen a una denuncia por Usurpación (Sumario de Prevención Nº 141/08-Comisaría de Laguna Blanca) con intervención del Juez de Instrucción Nº 2 de Clorinda.

. En el marco de dicho Sumario, en fecha 10 de octubre de 2008, se celebra una reunión entre el Juez de Instrucción, Dr. Santos Gabriel Garzón, el Sr. Presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes, Dn Esteban Ramírez, acompañado del Dr. Alejandro Dimitroff, el agrimensor Carlos Arato y el Sr. Félix Díaz, acompañado de su abogada, la Dra. Roxana Silva, asesora del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), firmándose un acta que textualmente dice: “…Que en presencia de las partes se exhibió el Plano de Mensura que corresponde al título de propiedad del terreno en cuestión, donde el Sr. Díaz Félix, se dio por enterado que las tierras que pretendían apoderarse no le corresponden a la Colonia Aborigen por lo que en este Acto manifiesta que desiste de las acciones pertinentes que estaban llevando adelante, como así también que las personas que lo acompañaban, todos indígenas de la Comunidad, se retiran del lugar reconociendo la propiedad de la misma en la familia Celía”.

. En fecha 16 de octubre de 2008, el Sr. Félix Díaz se presenta en la Comisaría de Laguna Blanca realizando la exposición 572/08, en la que detalla conflictos de tierras con vecinos, expresando que solicitó la presencia del Juez, del Presidente del ICA, del agrimensor Carlos Arata, la Asesora Jurídica Roxana Silva y dice: “llegando a un acuerdo mediante la titularidad de propiedad de los dueños legítimos por el cual, los indígenas deberían retirarse del lugar”.

Como puede advertirse, en ningún momento la comunidad de La Primavera fue afectada en las tierras de su propiedad comunitaria, las que gozan de todas las protecciones constitucionales.

. El mismo Sr. Félix Díaz, con el patrocinio letrado de la abogada del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), Dra. Roxana Silva, reconoció que las tierras que pretenden, y origen de la situación de conflicto, pertenecen a la Familia Celía.
Es importante conocer la verdad, desenmascarar a quienes pretenden lucrar políticamente con un hecho que nos duele a todos.
Solo la verdad nos hará libres".


Firmado:
Dr. Jorge Abel González
Ministro de Gobierno, Justicia y Trabajo de la Provincia de Formosa



(Fuente: El Comercial/Formosa

lunes, 29 de noviembre de 2010

Denuncia del Centro Mandela :Preocupa la situación sanitaria de El Impenetrable

Rolando Núñez señaló que hay problemas en cuanto al funcionamiento de la Región Sanitaria Quinta. Faltan insumos, medicamentos y una jefatura con mayor presencia en la zona. Denunció la muerte de una beba wichí por falta de atención adecuada.

El coordinador del Centro Mandela, Rolando Núñez, se mostró preocupado por la situación sanitaria que se está desarrollando en la zona de El Impenetrable. Dijo que faltan medicamentos, insumos y una jefatura con mayor presencia en el luegar. Ademas denunció que sólo hace días una beba wichí del paraje Las Hacheras murió por falta de atención adecuada y que un hombre de la etnia toba sufre un estado avanzado de desnutrición y tuberculosis, sin que el puesto sanitario de su localidad haga algo para atenderlo.

“Estamos recabando información general de lo que está ocurriendo en la región sanitaria quinta que es la de El Impenetrable y vemos con mucha preocupación el mal funcionamiento del sistema sanitario”, denunció Núñez en declaraciones a RADIO CIUDAD. “Vemos que esa región está sin jefatura porque quien fue designado en su momento -el doctor Compagni- finalmente no asumió”, comentó el abogado.

“A su vez esa Región Quinta tiene dos zonas: una primera que es Tres Isletas, hasta Miraflores, por un lado, y el Espinillo que estaba a cargo de la doctora Miriam Benitez que fue la histórica jefa del puesto sanitario de Villa Río Bermejito donde se produjeron todas las muertes evitables de 2006 en adelante. Esta profesional fue removida de su cargo por las autoridades de Salud de la provincia pero resiste esa decisión apoyado por un sector minúsculo de la zona de Castelli”, recordó Núñez.

“A su vez”, prosiguió, “la segunda zona que arranca desde Pompeya para arriba, la situación es grave. Faltan insumos, medicamentos y una conducción más completa. Además el doctor Belzor Miño, que es responsable de esa zona, sabemos que está enfermo y de alguna manera no está actuando en la zona en forma personal y directa”, aseguró.

Núñez comentó que se dieron dos casos graves en esa zona, las cuales muestran a las claras que el sistema sanitario de esa zona no funciona de manera eficiente. “En ese marco hemos encontrado dos situaciones que consideramos bastante grave para lo que está ocurriendo en esa situación: la muerte de una bebé wichí que se produjo este fin de semana. Fue un parto de gemelos que fue derivado tardíamente desde la zona donde habita que son los parajes Las Hacheras. Lamentablemente no existieron medios, atención apropiada ni derivación a tiempo”, señaló.

“Esto es una muestra más de que las cosas no funcionan bien en el sistema sanitario. Y por el otro lado, estamos viendo el caso de un indígena toba de la zona de El Espinillo que tendría un poco más de 40 años de edad, que está con desnutrición extrema y tuberculosis sin atención por parte del puesto sanitario de El Espinillo”, comentó.

El coordinador del Centro Mandela reiteró así que todas estas situaciones “están exponiendo una casuística que revela el mal funcionamiento del sistema sanitario en la región quinta que está sin conducción, sin organización y sin medios porque sabemos que en el transcurso de este año se redujeron los recursos a la mitad de lo que era el año pasado para el funcionamiento y sostenimiento de los hospitales de la provincia y ha repercutido muy negativamente en la zona de El Impenetrable”.

fuente chacodiapordia

Comunidad wichí:Malestar en Nueva Pompeya por incumplimiento de funcionarios

Un importante número de sus integrantes dirigió una carta al gobernador, Jorge Capitanich, para exponer el malestar existente a causa del incumplimiento de las promesas de funcionarios provinciales.

Referentes comunitarios señalan, en el documento elevado al primer mandatario, que hace un año, por ejemplo, se les ofreció la conexión eléctrica, y el ing. Sergio Knorre de SECHEEP, les dijo que dijo que debían comprar serie de elementos que sumaron unos $200 por cada familia, y que además debían conseguir los postes necesarios para la conexión. Todos los futuros beneficiarios hicieron un gran esfuerzo para tener listo el pedido del funcionario. Sin embargo, semana tras semana se les promete que les van a conectar, y se quedan esperando su llegada – que no se produce. “Estamos cansados de este trato irrespetuoso, nosotros somos personas que tenemos necesidades y sentimos que verdaderamente nos están tomando el pelo, seguramente porque somos aborígenes”, lamentan.

Agregando que en el caso de las viviendas rurales prometidas, "hace seis meses que les instalaron el piso y el techo, pero falta todo lo demás". Mientras tanto “seguimos en nuestras viviendas precarias, y ahora viene el tiempo de lluvias. Queremos proponerle que si el gobierno no las va a hacer, que nos entreguen los materiales para que nosotros las terminemos, ya que hemos trabajado en programas de autoconstrucción y ayuda mutua y tenemos conocimiento del oficio”, agregan.

El día 5 de noviembre, los afectados realizaron un corte de rutas para pedir una respuesta a esta situación. Hablaron con el Dr. Marcos Verbeek, Director de SECHEEP quien les pidió que levanten el corte, ya que el día martes 9 iban a venir a conectar la electricidad. Además, los dirigentes aborígenes señalaron que "el oficial de policía. Horacio Orlando Gómez, nos vino a intimar por orden - según dijo - del vicegobernador, que teníamos que desalojar o bien iba a mandar a la policía rural para desalojar. Por tal motivo decidimos levantar el corte a la espera del cumplimiento del compromiso contraído por el Dr. Verbeek. Sin embargo, ya pasaron dos semanas y seguimos sin respuesta. Algunas autoridades provinciales se comunicaron con la vocal del Idach, Susana Lazarte y el dirigente Zenón González, pero hasta ahora no nos han comunicado ninguna respuesta”.

Finalizan, pidiéndole al gobernador que, “como máxima autoridad de la provincia, tome intervención en este asunto, ya que el malestar de la comunidad es cada vez mayor, por la falta de respuestas concretas y promesas incumplidas”

(Fuente: Marisa Pizzi)

¿Derechos humanos?

El diaguita Javier Chocobar fue asesinado en Tucumán el 12 de octubre de 2009. Sandra Juárez, campesina santiagueña, murió el 13 de marzo de 2010 cuando enfrentaba una topadora. El qom Roberto López fue asesinado el 23 de noviembre cuando la policía de Formosa reprimió un corte de ruta donde se reclamaba por tierras ancestrales. El gobernador Gildo Insfrán es aliado incondicional del Gobierno Nacional. Quizá por eso ningún funcionario del Gobierno cuestionó la represión al pueblo originario. Al contrario: el jueves al mediodía la presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió una videoconferencia con Insfrán, transmitida en directo por Canal 7. Abundaron las sonrisas y felicitaciones por la inauguración de una obra eléctrica. Ninguna mención hubo sobre el asesinato. En ese mismo momento, en la comunidad indígena se daba sepultura a Roberto López y el discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos entraba, quizá como nunca antes, en el mundo de la hipocresía.
“Este Gobierno no reprime la protesta social”. Lo dijo el ex presidente Néstor Kirchner infinidad de veces. Lo repitió (y repite) la Presidenta, ministros, legisladores. Siempre fue una afirmación cuestionada por sectores sociales de izquierda y siempre fue, también, la bandera de los intelectuales orgánicos del kirchnerismo. Ningún intelectual o periodista que apoya este Gobierno denunció el asesinato y la directa vinculación del gobierno nacional. Algunos, los menos, llegaron hasta Insfrán. Pero no a la responsabilidad de la Casa de Gobierno.
Gildo Insfrán fue vicegobernador de Formosa entre 1987 y 1995. Ese último año asumió la gobernación, cargo que mantiene hasta la actualidad. Veintitrés años en el poder provincial. Nada que envidiar a los gordos sindicales. Insfrán apoyó a Menen, a Rodríguez Saa y a Duhalde. Y fue de los primeros gobernadores en respaldar a Néstor Kirchner. Sobrevinieron siete años de apoyos mutuos.
Dentro de los espacios indígenas de Argentina, Formosa es vista como uno de los paradigmas de la represión y hostigamiento permanente. Desde hace décadas las comunidades y organizaciones sociales denuncian el régimen, que muy poca difusión tiene en los medios de tirada nacional. “Exigimos respeto” es el título de la investigación de Amnistía Internacional sobre la situación de los pueblos originarios de Formosa, donde describe la violación sistemática de derechos humanos, el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos indígenas. Durante dos años Amnistía trabajó junto a comunidades originarias de la provincia y comprobó la violación de derechos constitucionales, omisiones del derecho internacional, maltrato y discriminación institucional, y coacciones propias de la dictadura militar: seguimientos policiales intimidatorios, amenazas anónimas y secuestro de personas. “El gobierno provincial no sólo ha contribuido a la violación de derechos, sino también a reforzar la situación histórica de discriminación, exclusión y pobreza de las comunidades indígenas”, afirma Amnistía.
La Jefatura de Gabinete, el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (dependiente de Desarrollo Social) recibieron la investigación de Amnistía. Nada hicieron.
En abril de 2009, y durante un prolongado corte de ruta, indígenas del Pueblo Wichi también murieron en la ruta formoseña. María Cristina López, de 22 años, y Mario García, de 48. Ambos pedían lo mismo que la Comunidad La Primavera, respeto a sus derechos (consagrados por frondosa legislación nacional e internacional) y, sobre todo, exigían territorio. Murieron de mezcla de hambre, frío y enfermedades curables en centros urbanos. Los medios nacionales no dieron cuenta de esas muertes. Muchos menos el gobierno nacional.
Cuando se trata de pueblos indígenas se ejercita un doble estándar: los derechos humanos son para sectores urbanos, medios y, en lo posible, blancos. Esa discriminación la denuncian desde hace años los pueblos originarios, pero tuvieron que contar con una “voz autorizada” para amplificar su pesar: “El genocidio indígena está invisibilizado por una cuestión de clase social y de etnia”, afirmó en 2008 el juez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Eugenio Zaffaroni. Y retrucó: “En la última dictadura militar se avanzó sobre un sector de clase media activo en política, inclusive con un segmento universitario. Por ello se lo reconoció fácilmente como genocidio. Todo depende del sector social que sufre la represión y de su capacidad para hacerse oír en público”.
Chocobar, Juárez y López, sólo tres de una larga lista, no eran clase media urbana. Sus muertes no cuentan (para muchos sectores) como violación a los derechos humanos.
Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, oficialismo y oposición se tiraron culpas sobre quién cargaría con la muerte y el costo político. La clase política y la corporación periodística tiraron pescado podrido según su conveniencia. Todos querían despegarse de José Pedraza. Luego de la represión formoseña nadie del oficialismo necesitó esbozar una diferencia. Asumen, y actúan en consecuencia, que el kirchnerismo es Insfrán, que Insfrán es el kirchnerismo. Y que el costo político y social del asesinato indígena no se asemeja a otras muertes. Un indígena no es comparable, creen, con María Soledad Morales, Carlos Fuentealba, Darío y Maxi. Un asesinato indígena pareciera no tener costos políticos.
Sin embargo, la complicidad de Cristina Fernández de Kirchner con Gildo Insfrán no es la mayor responsabilidad con la que debe cargar el kirchnerismo. Las causas profundas de la represión a los pueblos originarios y las comunidades campesinas es el modelo extractivo: monocultivo de soja, minería a gran escala, monocultivo de árboles, agrocombustibles y el avance de la frontera petrolera son políticas de Estado. El menemismo creó la ingeniería legal para esas industrias, y el kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo.
Sólo dos ejemplos concretos: el monocultivo de soja y la minería nunca antes crecieron tanto como en estos últimos siete años. Nunca antes se usaron tantos agroquímicos, se desmontó y se explotó recursos naturales como en la última década. Y el avance de estas industrias implica el avasallamiento de las poblaciones rurales pobres, con la violación de derechos humanos a cuesta.
En Argentina, y también en el continente, el modelo extractivo avanza y se fortalece con el apoyo de los gobiernos provinciales y nacional.
Los pueblos indígenas y campesinos tienen múltiples diferencias, pero una gran coincidencia: la necesidad del territorio, y el convencimiento para defenderlo. La conflictividad rural es una consecuencia lógica, y la represión es la respuesta estatal y privada a esa resistencia.
Salta, Misiones, Santiago del Estero y Chaco no tienen mucho que envidiar a Formosa en cuanto al tratamiento represivo de campesinos e indígenas. Todas provincias alineadas con el gobierno nacional. Al igual que San Juan y La Rioja, donde la represión recae sobre asambleas socioambientales que rechazan la minería. La oposición también hace lo suyo: Neuquén, Río Negro y Chubut siguen el ejemplo represivo de Formosa y tampoco merecen la crítica de la Presidenta.
La muerte de Néstor Kirchner fue el hecho que motivó a intelectuales y periodistas para repasar y remarcar las justas medidas que el Gobierno tomó en favor del pueblo.
El asesinato de Roberto López, originario del Pueblo Qom, debiera ser (al menos para quiénes dicen estar del lado del pueblo) el momento justo para denunciar la violación de derechos humanos y, sobre todo, la complicidad política que ocasiona esos asesinatos.
Optar por el silencio es muy parecido a decir que los pueblos originarios “algo habrán hecho”.


Darío Aranda

Ante la comunidad educativa :Bº Toba: Capitanich ratificó la construcción de la nueva escuela


El gobernador destacó la importancia para los pueblos originarios de la sanción de la nueva Ley de Educación próxima a tratarse en Diputados. También dio detalles de las obras que se ejecutarán para el nuevo edificio escolar.
El gobernador Jorge Capitanich y funcionarios del Ministerio de Educación mantuvieron un encuentro con la comunidad del Barrio Toba donde ratificaron el compromiso de construir el nuevo edificio educativo. Durante el encuentro el gobernador destacó además la importancia que tiene para toda la comunidad, especialmente las originarias la aprobación de la nueva Ley de Educación, próxima a sancionarse en Diputados.
El titular del Ejecutivo chaqueño ratificó que desde el próximo año la Unidad Educativa Privada Nº 30 que funciona en el barrio se convertirá en la Escuela Provincial Indígena (EPI) N°1, la primera en el Chaco de este tipo.

La institución que hoy funciona bajo gestión de la Cruz Roja se transformará, desde el próximo ciclo lectivo, en una escuela de gestión social de los pueblos originarios. “Luego de la reunión en Casa de Gobierno quedamos en un nuevo encuentro en la institución y acá estamos junto a los funcionarios del área asumiendo el compromiso establecido” mencionó el gobernador ante la comunidad educativa.
Antes del encuentro Capitanich recorrió el barrio y se interiorizó sobre los distintos requerimientos que vecinos del lugar le plantearon. Ante esto el gobernador les detalló las obras en proceso de licitación próxima a realizarse.
Se ejecutarán obras de saneamiento ambiental, red de cloacas, salud, higiene, agua potable. “Queremos darle un nuevo ordenamiento territorial al barrio” aseguró.
Integrantes de la comunidad educativa agradecieron la visita del gobernador y las gestiones realizadas que permitirán una mejora en la calidad de vida de los habitantes del barrio Toba.

Asambleas y consenso.
El ministro de Educación Francisco Romero destacó las características del encuentro y destacó que las acciones a realizarse son el resultado de tres asambleas con estudiantes, egresados y la comunidad en general.
Romero adelantó que este lunes 29 en sesión extraordinaria, diputados tratarán la nueva ley de Educación y el miércoles se presentará en la Cámara de Diputados el anteproyecto de ley que impulsa el gobernador de modalidad de escuela pública con modalidad social indígena.
El funcionario adelantó además que antes del 15 de diciembre estarían ambas leyes aprobadas y una vez terminado el ciclo lectivo 2010 se iniciaría la construcción del nuevo edificio educativo.

“Es la hora de los pueblos indígenas”
La subsecretaria de Interculturalidad y Plurilingüismo, Elizabeth Mendoza, destacó la importancia de la iniciativa, lo que representa un ejemplo más del “cumplimiento de los derechos indígenas”. Así, la funcionaria aseguró que “es la hora de los pueblos indígenas, y esta gestión trabaja intensamente para garantizar los derechos de los pueblos originarios”. Señaló además que la medida responde al trabajo mancomunado con la comunidad educativa del barrio Toba que expresó sus inquietudes y puntos de vista.
chacodiapordia

viernes, 26 de noviembre de 2010

Pronunciamiento de la VI Encuentro Continental de Mujeres Indigena- desarrollado en Peru

Pronunciamiento

Reunión Preparatoria del VI Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de la Américas
23, 24 y 25 de Noviembre Ciudad de Lima – Perú 2010

En este marco, nosotras las Mujeres indígenas queremos repudiar los hechos acontecidos el pasado 23 de noviembre en la comunidad Toba Qom La Primavera en la provincia de Formosa - Argentina.

Hace mas de cuatro meses sostienen un Corte de Ruta 86 por su Territorio Ancestral sufrió un violento desalojo que terminó en un enfrentamiento en el que hubo dos muertos, varios heridos y alrededor de 35 detenidos, de los cuales al menos 6 son menores de edad. En este intento de desalojo forzoso también quemaron sus casas. 
El derecho de los Pueblos Indígenas a su territorio está amparado por un importante marco jurídico a nivel internacional y nacional que Argentina ha ratificado. La Ley Nacional 26.160 de Relevamiento Territorial que PROHIBE LOS DESALOJOS y obliga a los estados provinciales a entregar títulos de propiedad comunitario.
Solicitamos la intervención de los Organismos Internacionales y Nacionales de Derechos Humanos que intervengan ante el Gobierno Argentino por no cumplir con los derechos que nos amparan.
Hacemos un llamamiento particular al Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas para que se pronuncie frente a esta clara situación de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas y urgimos al Estado Argentino para que solicite su visita oficial en pos de visibilizar la situación vivida por los pueblos indígenas del país.
Denunciamos:
Al Gobernador de Formosa Gildo Insfran por Genocida que implementa una política claramente contra los Pueblos Indígenas, donde queda una vez mas evidenciado que el estado solo se hace presente a la hora de reprimir, son mas fuertes los intereses económicos que la vida de los Pueblos.

Al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas por permanecer en el anonimato permitiendo con su actitud la represión voraz que vivió la comunidad de la Primavera.


Al Estado Argentino por promover una política de exterminio y favoritismo político que nos ha llevado mas de una vez a denunciarlo a nivel internacional, ya que el grado de impunidad es tan grande que no hay forma de frenarlo.
A la policía por ser cobardes y defender a los delincuentes que roban territorio indígena, coimeando, sobornando, al estado para apropiarse del nuestro territorio.
A pesar de esto los Pueblos Indígenas tenemos claro que no resignaremos el derecho a nuestro territorio.
Como Mujeres Indígenas del Mundo, portadoras de vida y fieles defensoras del territorio le hacemos llegar nuestra fraterna solidaridad al Pueblo Qom en estos momentos duros que están atravesando.
No queremos mártires para que se apliquen nuestros derechos, queremos que nuestros hijos tengan su territorio para proyectarse como lo hicieron nuestros antepasados.
Es por esto que enviamos fuerzas y alentamos la movilización de los pueblos indígenas para seguir luchando por nuestra cultura, libre determinación y territorio.
“ La tierra no pertenece a las personas,
las personar pertenecemos a la tierra “
CONAMI Arg. –– BARTOLINA SISA – CIDOB – TOLEDO MAYA WOMEN´S CAUNCIL – CONAMI Brasil – RED DE MUJERES INDIGENAS GRUMIN – COIAB – COICA – MUJERES INDIGENAS DE QUEBEC – PAUKTUUTIT – CONSEJO DE TODAS LAS TIERRAS – CONFEDERACION MAPUCE DE NEUQUEN – NEWEN MAPU - CORPORACION DE MUJERES MAPUCHE AUKINKO ZOMO – ONIC – CONAIE – RED XICANA INDIGENA – CONAVIGUA – CONPAH – COORDINADORA NACIONAL DE MUJERES INDIGENAS DE MEXICO – ALIANZA DE MUJERES INDIGENAS DE MEXICO Y CENTROAMERICA – AMICA- CONAMUIP- ASMUG – CAPI – OPG – CHIRAPAQ CENTRO DE CULTURAS INDIGENAS DEL PERU – ONAMIAP – RED DE MUJERES INDIGENAS DE WAYU – CONIVE

TV Digital :Decodificadores llegan en la primera quincena de diciembre


Lo anticipó el subsecretario de Políticas Comunicacionales del Chaco, Néstor Avalle, en diálogo con Radio Libertad. Será una primera tanda de 180 equipos que serán distribuidos entre los primeros inscriptos

El subsecretario de Políticas Comunicacionales del Chaco, Néstor Avalle, adelantó que durante la primera quincena de diciembre llegará a la provincia la primera partida de 180 decodificadores para la Televisión Digital Terrestre. A la par, el funcionario comentó que se trabaja en la puesta a punto de la antena repetidora instalada en Puerto Tirol.

“La primera tanda de 180 decodificadores van a estar llegando en la primera quincena de diciembre”, precisó Avalle, y reveló que “se está trabajando en la próxima semana en una difusión masiva porque no queremos hacer una difusión masiva hasta tanto no se tenga el funcionamiento a pleno de la repetidora”.

El funcionario del área comunicacional del gobierno chaqueño explicó que la primera partida de decodificadores corresponderá “a los que ya han completado el formulario”. E informó que “pueden venir a Casa de Gobierno al centro de gestión, al Correo, a las distintas municipalidades como Barranqueras, Vilelas, Fontana, Tirol, los van a ayudar a bajar el formulario de Internet, a completarlo y presentarlo en el correo, para que se envíe y pueda venir en los quince o veinte días posteriores el decodificador a su domicilio”.

Avalle comentó que los decodificadores están destinados a aquellos ciudadanos que cobran la Asignación Universal Por Hijo, pensión para la vejez, pensión para madres de siete hijos, pensión para discapacitados y jubilaciones y pensiones mínimas.
Fuente : chacodiapordia

Invitan a la reflexión sobre la cuestión ambiental


En el Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos, la Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” pide se intensifique el monitoreo sobre una decena de localidades que están expuestas a fumigaciones. Exhorta a la aplicación estricta de las leyes vigentes en materia ambiental como la Ley de Biocidas, y al fortalecimiento de los organismos de control.

La Red de Salud Popular “Dr. Ramón Carrillo” en esta jornada de reflexión exhorta a la aplicación estricta de las leyes vigentes en materia ambiental (Ley General del Ambiente, de Residuos Peligrosos, Ley de Biocidas), al fortalecimiento de los organismos de control, y a una intensificación del monitoreo de la situación de al menos 10 localidades que en nuestra provincia están especialmente expuestas a fumigaciones cercanas: Las Palmas, la Leonesa, Colonias Unidas, Tres Isletas, Avia Terai, Napenay, Santa Sylvina, Las Breñas, Charata, Gancedo. Asimismo solicitamos la acción sinérgica de los tres poderes del Estado en esta materia- dado que Chaco y ambiente hay uno solo (no hay un ambiente del Poder Ejecutivo, otro del Legislativo y otro del Judicial).

Finalmente, estimamos altamente negligente y de una gran ceguera histórica, si el conjunto de los dirigentes de partidos y movimientos populares, especialmente quienes aspiran a representarnos como futuros candidatos, el no incorporar como agenda prioritaria la cuestión ambiental.

El 26 de noviembre se ha propuesto declarar como el “Día Mundial contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos”. La fecha fue establecida por las 400 organizaciones miembros del PAN (Pesticide Action Network) en 60 países, en recuerdo de las miles de víctimas que quedaron con secuelas en Bophal, India, en 1984 tras la fuga de un químico(42 toneladas de isocianato de metilo) utilizado para la fabricación de un plaguicida de la Corporación Unión Carbide. Esta catástrofe causó unas 3.500 muertes en las horas que siguieron, habiéndose estimado un total de más de veinte mil víctimas por afecciones crónicas y otras secuelas ulteriores. Tragedias similares como las de Seveso (Italia 1976); y Veracruz (México, 1991), también se tienen muy presentes en esta jornada.

Con esta propuesta se pretende llamar a la reflexión y a la toma de conciencia internacional sobre la grave crisis medioambiental generada por el uso de agroquímicos a nivel global. De la misma forma se persigue minimizar los riesgos de los productos agroquímicos, mediante la demanda pública de reducir el uso indiscriminado de plaguicidas en la agricultura, ante la persistencia de modelos productivos insustentables que contaminan el suelo, aire, agua y alimentos, desequilibrando los ecosistemas y generando serios problemas en la salud.

fuente diariochaco

La Escuela Toba en vías de ser pública de gestión social e indígena


En comisiones, se puso en marcha el proyecto educativo. La reunión duró alrededor de 4 horas y estuvo presidida por la subsecretaria de Asuntos Interculturales y Plurilingües, Elizabeth Guadalupe Mendoza, quien estuvo acompañada de la presidente del Consejo de Educación, Griselda Galeano y el coordinador de Educación Privada, Juan Ramón Meza.
Dando muestras sólidas del compromiso del Ministerio de Educación para garantizar la implementación y legalización del Proyecto Educativo de la Escuela del Barrio Toba de Resistencia, que tras un largo proceso de trabajo junto a la comunidad será la primera escuela pública de gestión social e indígena, comenzó a funcionar, este martes en el Ministerio de Educación, el trabajo en comisiones.

Tras una larga introducción, en la que salieron a la luz divergencias entre los mismos protagonistas de la comunidad educativa y en la que se solicitó ayuda para que el proyecto de la nueva modalidad de gestión sea una realidad y cuente con la aprobación de la Cámara de Diputados, se dispusieron tres comisiones de trabajo simultáneas.

"RECUPERAR LA HISTORIA Y LA CULTURA DESDE LOS ESPACIOS CURRICULARES”
La primera comisión que corresponde a la del Desarrollo Curricular, en la que se trabajaron los contenidos de la enseñanza estuvo a cargo de la subsecretaria Mendoza y se realizó en un ámbito de construcción y dialogo.

En este primer encuentro, se acordó ir trabajando desde cuatro puntos centrales que son: lengua, historia, cultura toba y las cuatro disciplinas básicas. También se pensó tomar como punto de partida los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios o ocuparse de mantener vivas las dos lenguas.

Integran este espacio, docentes de los tres niveles, madres de la comunidad, referentes de educación intercultural bilingüe y alumnas tobas que cursan el último año del Nivel Polimodal de la UEP N° 30.

Para continuar avanzando se consensuó el próximo encuentro para el lunes 6 de diciembre a las 17 en la Subsecretaría de Interculturalidad y Plurilingüismo.

PARTICIPACIÓN ACTIVA, PLURAL Y DEMOCRÁTICA
El otro espacio, corresponde a la de Reglamentación de la ley que legitima la Escuela Pública de Gestión Social e Indígena, estuvo a cargo de la presidente y miembros del consejo de educación asistieron representantes del consejo del barrio, de los docentes, de los padres y asesores legales.

Se debatió sobre la metodología de trabajo y se acordó que habrá cuatro (4) representantes de los docentes, uno de cada nivel y un (1) padre, cinco (5) representantes del Consejo del barrio Toba y los miembros del Consejo de Educación.

Se acordó un nuevo encuentro para el martes 30 de noviembre a las 13 en la sede del Consejo de Educación y se concensuó en la agenda de trabajo, avanzar sobre la reglamentación del proyecto de ley de educación pública de gestión social indígena presentado por el Poder Ejecutivo.

Con una mirada optimista, la presidente del Consejo de Educación, Griselda Galeano, manifestó que “esta modalidad de trabajo llevara tranquilidad a todos los actores porque la propuesta de participación es activa, representativa, plural y democrática”.

UN PROYECTO INTEGRAL
La tercera comisión de trabajo corresponde a infraestructura y estuvo coordinado por el técnico de la Dirección de Infraestructura Escolar, Daniel Quirico, se trabajó parar acordar el proyecto de la obra integral del complejo educativo que espera poder albergar a los niveles inicial, primario, secundario y superior.

Este espacio, que fue el más combativo ya que debieron labrar un acta porque los referentes del Consejo del barrio Toba echaron a la actual directora del Polimodal, Belkis Castaño y a un grupo de madres. Tras el momento de tensión, la comisión avanzó en el desarrollo de las necesidades edilicias, y trazó los pasos del estudio necesario que incluyen: disponibilidad de suelos, estudio del terreno, matrícula, infraestructura edilicia en condiciones inapropiadas, etc.

Un punto importante fue el hecho de que los referentes comunitarios se comprometieron a avanzar en las gestiones para lograr otros terrenos ubicados en las cercanías del actual edificio, que será una alternativa positiva para la concreción del proyecto integral.

Este espacio se volverá a reunir el viernes 26 a las 18 en el Ministerio y además se convino que las obras se realizarán por etapas, de manera tal que no se pierdan días de clases, ya que tan importante construcción llevará más tiempo que el periodo sin clases del verano.

fuente: datachaco

jueves, 25 de noviembre de 2010

Marchamos Viernes 26/11 en repudio al asesinato de dos integrantes de la Comunidad QOM


Repudiamos el asesinato de los dos integrantes de Colonia La Primavera “Navogoh” (Formosa)


MARCHAMOS ESTE VIERNES 26 A LAS 18HS DESDE CALLAO Y CORRIENTES A CONGRESO.


Las organizaciones abajo firmantes repudiamos la represión y asesinato de dos integrantes de la comunidad qom (toba) de Colonia La Primavera por parte de la policía acontecida el martes 23 de noviembre.
Por esa razón convocamos a la movilización que se realizará el viernes 26 a las 18hs. desde Callao y Corrientes hasta el Congreso. Reclamamos el juicio y castigo a todos los responsables de estos asesinatos y exigimos que se retire la gendarmería nacional y la policía provincial de la zona. Así mismo exigimos la inmediata restitución de las tierras ancestrales.
Denunciamos al gobernador de la provincia Gildo Insfrán, así como al Gobierno Nacional y todos los organismos de DDHH (INADI) e indígenas oficiales (INAI, ICA-Formosa-) que permitieron que estos sucesos acontecieran haciendo oídos sordos ante las numerosas demandas que realizaban los miembros de la comunidad.

-¡Basta de persecución y asesinatos a los Pueblos originarios!
-¡Juicio y castigo a todos los responsables de los asesinatos!
-¡Devolución de las tierras ancestrales¡

ASISTIR - ADHERIR - DIFUNDIR


LALACNAQOM- ORCOPO (Organización de Comunidades de Pueblos Originarios). Cátedra Abierta de Estudios Amercanistas de la UBA, Programa Radial Pachacuty de FM LA TRIBU,FAP Frente de Artistas Populares, Esta en Nosotros (Activistas de la cultura latinoamericana), La Barca (programa de radio), ASAMBLEA EL OTRO BICENTENARIO, AVACE-Vecninos Autoconvocados de Ciudad Evita, Lma Iacaia Qom (La Casa del Hermano Toba), San Pedro, Bs. As. Mauricio Castaldo Secretaría de DDHH CTA-Paraná, RED DE SOLIDARIDAD CON CHIAPAS, Programa FM PACHA PURAJHEY, El Club de la Pluma, Agrupación Estudiantil LA JUNTADA, Colectivo de Comunicación La Otra Voz-Chaco, OTQ Organización Toba Qompi Chaco, OPO Org. de Pueblos Originarios Chaco, Coordinadora Antirrepresiva del Oeste. Movimiento Torre. Frente Popular Darío Santillán

ADHESIONES: lalacnaqom@gmail.com

fuente lalacnaqom

Contacto:
Ivana: 1533221443
Leandro: 1554220881
Enrique Mamani: 1557809686

Liberan a los indígenas detenidos en Formosa


/ Ayer se dispuso la liberación de 27 de los detenidos en tanto que esta mañana quedó excarcelado el último de los integrantes de la comunidad Toba que habían sido apresados después de los enfrentamientos con la policía local.
Liberaron a 28 integrantes de la comunidad Toba luego de ser encarcelados por los incidentes.
La Justicia liberó a los indígenas qom (tobas) detenidos anteayer tras la represión policial contra la comunidad en la localidad formoseña de Laguna Blanca que se desató durante un intento de desalojo.

El juez de instrucción de Clorinda, Santos Gabriel Garzón, "dispuso ayer la liberación de 27 de los detenidos y esta mañana dejó en libertad al último de los indígenas, acusado de manosear a una mujer policía", informaron hoy fuentes judiciales.

Los violentos episodios ocurrieron el martes cuando se originaron incidentes por la propiedad de tierras que los indígenas reclaman, a metros de la ruta nacional 86, que anoche quedó liberada al tránsito. Como consecuencia de estos hechos murieron dos tobas y un policía.

Esta mañana continuaban internados en el hospital de alta complejidad de Formosa Sixto Gómez, de 55 años, que está en terapia intensiva en coma farmacológico, mientras que el indígena Samuel Garcete, de 50 años, y el policía Leonardo Bence se encontraban fuera de peligro, informaron fuentes médicas. En tanto, otros dos indígenas internados en el hospital de Laguna Blanca evolucionaban

fuente: el argentino

Son tres los muertos en Formosa


Se trata de dos indígenas y un efectivo policial como consecuencia de los choques generados tras un desalojo
El episodio dejó como saldo tres muertos, varios heridos, uno de ellos en coma. y una treintena de detenidos en la comisaría de Laguna Blanca.
"Supimos que Roberto López, de la comunidad La Primavera también fue muerto y hay gente que está herida pero tiene miedo de concurrir al hospital", dijo una fuente ligada a la defensa de los derechos de los originarios que prefirió el anonimato.
Agregó que el "gran drama" es la falta de defensa en el terreno penal para la comunidad porque si bien cuenta con un Defensor Público Oficial, Gonzalo Molina, que se ocupa del reclamo territorial, ante lo ocurrido "está en desamparo" porque carece de letrado.
La confirmación de la muerte de López, en circunstancias que se desconocen, se suma entonces a la lista integrada por el fallecido Sixto Gómez y el policía formoseño, Heber Falcón.
Las fuentes denunciaron además que las mujeres tobas detenidas fueron trasladadas de la comisaría de Laguna Blanca al hospital y que una anciana detenida estaba muy golpeada.
Por su parte, el juez de la causa, Santos Gabriel Garzón dijo que "hasta acá tenemos homicidio cuyos autores hay que determinar porque hubo tumulto y habrá que ver".

Formosa –Dos indígena y un policía muertos durante un desalojo


Un integrante de la comunidad toba y un efectivo de la policía provincial fallecieron ayer( referido al martes ) tras un enfrentamiento con armas de fuego en Colonia La Primavera, a 170 kilómetros al norte de la ciudad capital. Además, hay cinco heridos tras el brutal desalojo
Un policía provincial y un aborigen de la comunidad toba murieron ayer durante un desalojo, que derivó en un enfrentamiento con armas de fuego en Colonia La Primavera, 170 kilómetros al norte de la ciudad capital de Formosa. Así lo confirmó el ministro de Gobierno de la provincia, Jorge González, y el juez de instrucción de Clorinda, Santos Gabriel Garzón. Las muertes se produjeron delante del juez de instrucción de Clorinda, Raúl Mauriño, y una fiscal interviniente en el procedimiento judicial en un campo de la familia Celía.

Según explicó el ministro González, el enfrentamiento se produjo cuando una comitiva policial de unos cien efectivos -que acompañaba al juez y la fiscal- ingresó al campo, donde se encontraban los aborígenes denunciados por “usurpación de campos”. El magistrado llevaba tres objetivos: la intimación de desalojo de las construcciones que habían edificado meses atrás miembros de la comunidad, secuestrar armas “tomadas” por aborígenes durante un procedimiento anterior y detener a varias personas.

Según el dirigente indígena Félix Díaz, quien habló con el diario formoseño "La Mañana", el procedimiento de la policía fue muy violento: "Hubo disparos, quemaron nuestras casas dentro del predio de tierras que queremos recuperar y detuvieron a muchos hermanos, incluyendo a mi esposa Amanda Asijak. También hay heridos graves y uno de nuestros hermanos está muerto”. En cambio, González aseguró que cuando llegó la comitiva policial, el grupo de aborígenes "realizó disparos", uno de los cuales “mató al oficial encargado de custodiar al juez, Heber Falcón (de 34 años) con el disparo de una escopeta".

En medio del enfrentamiento, se produjo también la muerte de un toba, quien falleció cuando la policía reprimió tras la agresión. Entre los heridos, se cuentan “al menos tres efectivos policiales, uno de los cuales sufrió lesiones punzocortantes en el tórax, y dos originarios". La investigación quedó a cargo del juez Garzón, mientras que funcionarios de la Gendarmería Nacional mantenían cercada la zona de los incidentes. El mismo grupo de aborígenes protesta desde hace cuatro meses con un corte de la Ruta Nacional 86 en reclamo de la posesión de tierras que aseguran "les pertenecen a los pueblos originarios".

Desde la comunidad toba difundieron un comunicado para contar lo sucedido. Por la mañana nos vinieron a disparar e insultar los Celias junto a la policía. "El abogado y Celia nos dispararon frente a la policía, pero esta nada hizo. La policía simuló que se les cayeró un arma para luego culparnos de todo, todo estaba planeado de antemano, de hace mucho. Nosotros nos comunicamos con el Ministerio Público de la Defensa para que supieran lo que estaba pasando y particularmente con nuestro defensor público Molina de Resistencia pues no sabíamos que hacer".

Los diarios locales venian hablando del fin de la tolerancia. El defensor del pueblo de Formosa Gianluca también publicó en los diarios locales el martes por la mañana de la inminencia del desalojo. Hicieron hechar al delegado de INADI para poner a un asesor del gobernador de formosa. Insultaron y criticaron desde la provincia al INADI, institución que junto al Ministerio Público de la defensa vienen advirtiendo sobre el conflicto. Y a las cuales les presentamos nuestras denuncias. Hemos recurrido a la justicia todas la veces que pudimos. Con denuncias, medidas cautelares, apelaciones, recursos de amparo.

Hemos recurrido a organizaciones de derechos humanos para denunciar lo que nos están haciendo, al CELS, a SERPAJ, a GAJAT, a Amnistía Internacional. Recibimos decenas de actos de violencia en el corte que hemos denunciado en los Juzgados. No obstante nuestra modalidad de corte era muy flexible, dejábamos pasar a los vehículos en los horarios de trabajo. Y siempre dejamos pasar a las ambulancias y urgencias. Porque respetamos la vida. No somos violentos, solo queremos que se cumplan las leyes indígenas, como ser respetar el Convenio 169, la Declaración de Derechos Indígenas de las Naciones Unidas, el artículo 75, la ley de emergencia territorial 26.160.

Luego de años de golpear cientos de puertas de despachos y que la provincia nos provocara con la instalación de un Instituto Universitario en nuestro territorio no nos quedó otra posibilidad que tomar una medida como la de cortar la ruta. En estos cuatro meses de corte ningún funcionario provincial quizo hablar con nosotros. Ahora nos han reprimido: hay muertos, heridos, detenidos, nuestras casas quemadas. Y la provincia intenta culparnos!

¿Hasta dónde llegarán?

Fuente: El Argentino

En un contacto telefónico que desarrollo el equipo de prensa del programa Abriendo Caminos, programa emitido por la radio genesis de resistencia en el día de ayer con el líder de la comunidad de la primavera Félix Díaz allí el referente del pueblo Qom de Formosa confirmo el fallecimiento de Roberto López miembro de la comunidad quien perdió su vida tras el enfrentamiento con la policía de la provincial 35 detenidos y varios heridos.

viernes, 12 de noviembre de 2010

La ONU premia a indígenas bolivianos por conservar los bosques

SE TRATARÍA DE LA ETNIA T´SIMANE MOSETENE
LA PAZ |

El pueblo indígena T"simane Mosetene, de la amazonia boliviana, recibió un premio internacional por su esfuerzo de conservar la selva, informó el centro de información de la ONU en Bolivia.

El Premio Ecuatorial (Equator Prize 2010), patrocinado por las Naciones Unidas, los gobiernos, la sociedad civil y organizaciones de base, fue esta año para el consejo regional de esa comunidad "por su contribución a la gestión territorial y conservación de la Reserva de la Biosfera y Tierra Comunitaria de Origen Pilón Lajas", señala el reporte.

Pilón Lajas es una reserva de 386.000 hectáreas en las nacientes de la amazonia a 180 kilómetros al noreste de La Paz. En la zona y en forma coordinada con el gobierno, el pueblo Tsimane Mosetene "consolidó derechos territoriales para las comunidades, identificó áreas para la agricultura, la caza y otras actividades sostenibles" para sus 8.000 habitantes.

Clemente Caimán, recibió la distinción en Nueva York consistente en 5.000 dólares así como el premio al "Reconocimiento Especial por el Uso Aplicado de Conocimientos Indígenas" por 15.000 dólares.

La distinción también destaca el esfuerzo de la etnia boliviana por "proteger cuencas hidrográficas, canalizar fondos para la construcción de escuelas en 14 comunidades y por establecer un plan de manejo forestal sostenible, una asociación de productores de miel orgánica y la organización de los productores de café y cacao" en armonía con el entorno natural.
Fuente : Los Tiempos / Bolivia
www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20101104/la-onu-premia-a-indige...

Piden atención internacional para que las multinacionales respeten las tierras indígenas

La líder indígena peruana, Daysi Zapata, reclamó hoy en Washington atención internacional para que las multinacionales respeten sus tierras y reclamó al Gobierno de Perú que tenga en cuenta la ley de consultas a los pueblos originarios.
Daysi Zapata, vicepresidenta de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), se encuentra de viaje en Washington, donde se ha reunido con miembros de ONG's y tiene previsto entrevistarse con funcionarios del Banco Mundial (BM).

La Aidesep, que agrupa 63 organizaciones locales amazónicas que asocian a 1.350 comunidades indígenas, ha denunciado la "incoherencia" del Gobierno peruano, dijo Zapata en declaraciones a Efe.

"Por un lado promueve la supuesta conservación de los bosques con mecanismos como el plan de la Reducción de Emisiones de gases de efecto invernadero por Deforestación y Degradación de bosques tropicales (REDD) y por otro promueve proyectos de grandes impactos socio-ambientales como extracciones de petróleo, minas, etc", indicó.

Según denuncia su organización el Gobierno de Perú ha "violado" los derechos de los indígenas porque "sin territorios, sin derechos y la consulta no puede haber concesiones REDD".

"Lo que demandamos es que se nos otorgue el título de propiedad de la tierra", pero "hay tanta ambición, que el Gobierno da estas tierras a las empresas trasnacionales para que inviertan allá (en Perú)".

Zapata se reunirá con funcionarios del Banco Mundial para pedirles que "por favor obligue a Perú a que se respete lo acordado y que antes de que se apruebe una ley medioambiental, se apruebe la ley de consultas".

Esta ley tiene como objetivo definir el derecho de los indígenas a ser consultados sobre proyectos de minería o hidrocarburos en sus territorios.

En este sentido denunció el que calificó como juego de "apariencias" del Gobierno Peruano que ha firmado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la declaración de las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas, pero avala la invasión en la amazonía por petroleras, mineras y madereras.

"Estoy yendo a todas las instancias internacionales para explicar que verdaderamente tenemos que garantizar nuestros territorios" dijo la representante de la etnia Yine.

"Tenemos que venir a nivel internacional para que nos ayuden en la reparación de nuestras tierras si queremos dejar algo a las futuras generaciones", agregó.

El proyecto REDD propuesto por las Naciones Unidas busca limitar la tala de árboles y calcular los recortes de CO2 que produciría, cantidades que estarían a la venta para países o empresa que no cumplieran con sus obligaciones contra el calentamiento global.

El pasado 26 de octubre indígenas denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la licitación de doce lotes de extracción de petróleo en la Amazonía en Perú sin la consulta a sus comunidades, como dicta el derecho internacional.
Fuente : EFE

www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5gB2osvs69Wv-F23zNv9vR9pd1QGw?docI...

Expusieron el caso chaqueño de L.N.P. en Tucumán


En el marco del Foro sobre Derechos Humanos de las Mujeres que finaliza este viernes en la capital tucumana, se expuso como caso testigo el de la joven indígena violada cuyos agresores fueron absueltos por la justicia del Chaco

En el Foro sobre Derechos Humanos de las Mujeres que concluye este viernes en San Miguel de Tucumán se expuso como uno de los casos paradigmáticos el de L.N.P., una niña indígena de quince años abusada sexualmente en 2.003 por tres jóvenes criollos en la localidad de El Espinillo, Chaco y que la Cámara Penal de Roque Sáenz Peña le negó justicia. Entre otros, del evento participó el delegado de la Secretaria de DD.HH. de la Nación en el Chaco y ex titular del INADI Chaco, Darío Gómez.

El Foro de Derechos Humanos de las Mujeres “Diagnóstico sobre discriminación, violencia y Derechos Sexuales y Reproductivos en el norte argentino”, se realizó en la Defensoría del Pueblo. Durante toda la jornada se analizaron casos. Participaron Daniel Teppaz. Coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Ministerio de Salud de Santa Fe; Gustavo Diaz Fernandez - presidente de Crisálida Tucumán; Angélica Peñas Defago - Católicas por el Derecho a Decidir, entre otros.

Un caso paradigmático que se abordó es uno sucedido en Chaco. Una niña de 15 años fue abusada sexualmente, en el 2003, por tres jóvenes criollos en El Espinillo, provincia del Chaco. La Cámara Penal de Roque Sáenz Peña le negó justicia.

“Eso se debe a que la muchacha cae en todos los estereotipos de discriminación, diciendo que a la mujer le gusta la violación, no se resistió lo suficiente, incluso el violador planteó que era prostituta, de esta forma mandaron a un trabajado social al pueblo a preguntar si realmente lo era. Así que quien terminó siendo investigada en el juicio fue la víctima y no los autores del delito. Los dejaron libres y la comunidad indígena reclamanado ante la Secretaría de Derechos humanos de Chaco y ante nosotros. Entonces fuimos a Naciones Unidas denunciamos que se negó el derecho a la niña a tener un debido proceso de justicia, que se atentó contra su intimidad y el derecho de integridad física”, relató la titular de INSGENAR quien estuvo a cargo del cierre del Foro.

En este sentido agregó que “el Estado chaqueño y nacional pidieron perdón a la víctima el 23 de abril del 2009 ante toda la comunidad. Le dieron una casa, la indemnizan. Pero lo importante es el pedido de perdón del gobernador porque eso puede sentar precedente”.

Siguiendo con esta línea, Chiarotti recordó que “en el ’94 se cambió la Constitución. Hasta ese entonces la carta magna decía que era una obligación del congreso el sensibilizar a los indígenas y se los convertía al catolicismo. El indígena aparece como un salvaje. Con este reforma se debe reconocer a los pueblos originarios pero 16 años es muy poco para ir contra 150. Por lo tanto se debe hacer un cambio cultural muy grande”. Por ejemplo “en el lugar donde vive esta niña el intendente, Heffner recibe a los indígenas en el patio porque tienen mal olor”.

“Si las mujeres son casadas pareciera que fueran propiedades del marido”, aseveró Susana y agregó que “pareciera que pudieran pegarles permanentemente. En general la violencia contra la mujer está naturalizada, por lo tanto uno de los objetivos de este foro es desnaturalizarla, deconstruir, mostrar que eso no es correcto y comenzar a trabajar por una cultura donde varones y mujeres sean compañeros, pares y no situaciones de subordinación”.

Por último desatacó que estamos en un momento en el cual hay “jóvenes interesados en formar parejas democráticas que ya no quieren tener costumbres del pasado. En este sentido es muy importante que los medios difundan estas noticias, 20 años antes a los periodistas no les interesaba este tipo de tema, cosa muy diferente al actual”.

"Pareciera que las mujeres casadas son propiedad del marido y pueden maltratarlas", expresó Susana Chiarotti, directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, durante el Foro sobre Derechos Humanos de las Mujeres que se realizó el miércoles último en Tucumán. Más de 250 personas participaron. Se abordaron casos paradigmáticos. “El objetivo es que gobernantes y jueces cambien de actitud respecto a esta problemática”, sostuvo.

“Estamos construyendo alianzas para difundir los mecanismos e instrumentos de Derechos Humanos de las mujeres para que todas las organizaciones y personas las puedan utilizar. Para esto regalamos escritos y manuales. Además se abordaron casos paradigmáticos que entre varias organizaciones estamos llevando adelante. El objetivo es que gobernantes y jueces cambien de actitud sobre esta problemática”, explicó la directora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo, (INSGENAR) Susana Chiarotti.

fuente chacodiapordia

Jorge Coscia y los secretarios de Cultura de las provincias-Equipamiento audiovisual para todo el país

El Consejo Federal de Cultura entregará equipamiento para producir contenidos audiovisuales a las áreas de Cultura provinciales

En el acto formal, que se realizará mañana a las 16.30 en la Casa Nacional del Bicentenario -Riobamba 985, Ciudad de Buenos Aires- participarán el secretario de Cultura de la Nación, Jorge Coscia, y las máximas autoridades culturales de las 24 provincias argentinas.

La iniciativa está enmarcada en la política de acción federal que lleva adelante la Secretaría de Cultura de la Nación y como parte del proceso de democratización de la comunicación que impone la Ley de Servicios Audiovisuales.

El equipamiento que se entregará incluye:
50 Trípodes Manfroto
50 Micrófonos inalámbricos
25 Micrófonos boom con caña
50 Cámaras digitales H.D.
25 Kits de iluminación
25 Islas de edición digital H.P.
Notebook pantalla 17.6
2 discos rígido de 6 Gb. RAM
Placa edición de 2 Gb. video

Foro por la Tierra denuncia irregular proceder policial y judicial


Afirman que Sixto Berdún fue detenido en la vía pública en esa localidad y llevado a Gral. San Martín en un vehículo no identificado. La Comisaría de Pampa del Indio no tenía registro ni notificación alguna sobre el procedimiento. Reclaman justicia.

"Nos encontramos frente a una muestra más de la violencia y los vejámenes de que son objeto oficialmente los sectores más humildes y desprotegidos de nuestro pueblo, en abierto contraste con el trato blando y complaciente brindado a los poderosos", señalan en un comunicado.

"El Foro por la Tierra del Chaco pone en conocimiento de la ciudadanía de la provincia el permanente atropello que sufren las comunidades indígenas. Hoy, particularmente, se trata de la situación de la familia Berdún de la localidad de Pampa del Indio.
El día martes pasado, los ocupantes de un automóvil no identificado. secuestraron a Sixto Berdún que transitaba normalmente por el pueblo de Pampa del Indio, introduciéndolo en el vehículo y alejándose de allí. Ante la alarma de familiares y testigos, representantes de las organizaciones indígenas y campesinas se dirigieron a la comisaría de la localidad donde las autoridades manifestaron desconocer el caso. Luego se supo que Berdún había sido llevado a la Alcaidía de la localidad de Gral. San Martín, sin haber dejado registro en la comisaría de Pampa del Indio y sin que mediara notificación alguna.
El drama de esta familia continuó cuando, al día siguiente, su hermano Alcides Berdún intentó visitarlo, y también quedó detenido.

Es éste un nuevo episodio de atropello a esa familia indígena, atropellos que recomenzaron hace aproximadamente un mes cuando la fiscal Gladys Acosta de Scarcel ordenó el desalojo compulsivo de los Berdún, desconociendo la Ley Nº 26.160 que prohíbe los desalojos de aborígenes de sus tierras en todo el territorio nacional.

Esta familia originaria vive en el lugar desde hace más de 50 años, pero, a una supuesta propietaria, que nunca ocupó el predio, le fue adjudicado el mismo por el Instituto de Colonización, lo que configura un caso más de las tantas irregularidades permanentemente denunciadas por este Foro. La casa de la familia fue topada y echada abajo por completo, sus únicos bienes fueron destruidos, sus ropas quemadas, cortados los postes y quitados los alambrados.

Nos encontramos frente a una muestra más de la violencia y los vejámenes de que son objeto oficialmente los sectores más humildes y desprotegidos de nuestro pueblo, en abierto contraste con el trato blando y complaciente brindado a los poderosos.
Denunciamos estos hechos y nos solidarizamos absolutamente con la familia Berdún y con las organizaciones que la acompañan y que están en lucha constante por que se cumplan las leyes y se haga justicia".
chacodiapordia

jueves, 11 de noviembre de 2010

Pampa del Indio: reclaman la liberación de indígenas detenidos

Se trata de dos jóvenes, Sixto y Alcides Bercún, quienes fueron aprehendidos por resistirse a un desalojo. Distintas organizaciones de pueblos originarios exigen que sean liberados y hablan de "acoso judicial" de parte de la fiscal Gladys Acosta de Scarel.
Las organizaciones indígenas de Pampa del Indio Ccomisión Zonal de Tierras, Asociación Cacique Taigoyic, CCC Aborigen y Unión Campesina, entre otras, reclamaron la liberación de dos jóvenes indígenas detenidos, y expresaron su "angustia y dolor" por el "acoso judicial al que somete a las comunidades la fiscal Gladys Acosta de Scarel, de la Fiscalía Nº2 de General San Martín".

"Hoy tenemos detenidos a 100 kilómetros de su casa a dos jóvenes hermanos nuestros, Sixto y Alcides Berdún, cuyo único delito ha sido siempre el de amar su tierra y defenderla, conocedores de sus derechos, sin achicarse ante la prepotencia de los poderosos", manifestaron mediante un comunicado de prensa.

Los hermanos Berdún fueron detenidos por resistir un desalojo.

"Cuando llevamos más de 500 años de comprobar diariamente la enorme lentitud de la Justicia para resolver nuestros reclamos territoriales o de delitos de genocidio, vemos con asombro cómo se resuelve apresuradamente cuando los acusados son indígenas, aunque eso signifique ir en contra del debido proceso", agregaron.

Asimismo, dijeron que sólo quieren "ser escuchados", y que "la inseguridad jurídica que sufren las familias indígenas y campesinas de Pampa del Indio ha sobrepasado todos los límites".

"Nos sentimos perseguidos y acorralados", aseguraron, y afirmaron que han "luchado mucho para ganar el reconocimiento legal de los derechos", pero que "agentes de la Justicia como la fiscal Scarel "hacen que toda esa lucha haya sido en vano".

"Exigimos la urgente intervención de las autoridades para que nuestros hermanos sean inmediatamente liberados, y que se revise debidamente el accionar de la fiscal Scarel que ha dado amplias muestras de mal desempeño", concluyeron.
fuente-data

miércoles, 10 de noviembre de 2010

Inocencia charole: “ estoy en desacuerdo que John Paris sea el que ocupe el instituto de colonización “


La legisladora indígena, sostuvo que esta en desacuerdo que en el instituto de colonización, ente que ocupa y estudia la situación fiscal de tierras de la provincia, sea dirigido por el fiscal John Paris dado que éste en la época del exgobernador Rosas introdujo cautivo injustamente a uno de los lideres indígenas por supuesta mal versación de fondos.


La diputada Inocencia Charole, en relación a la designación titular del organismo que ocupa la situación de las tierras fiscales de la provincia, sostuvo “ de mi parte voy acompañar es decir apoyo al compañero Branco Capitanich que siga al frente del organismo porque él es uno de los pocos comprometidos de hacer bien las cosas y mas en esta parte de solucionar el desastre que hay en cuanto a las tierras, por eso no me párese que hay que apresurarse a condenar ( si se quiere) porque hay que tener encuesta que el tema de las tierras, este problema que hay es a raíz de la época del doctor Ángel Rozas por ende los que pasaron durante tanto tiempo haciendo el negociado ni se atrevieron a solucionarlo, me estoy refiriendo a los otros gobierno que pasaron por ende me párese que no hay que apresurarse de hacer telas de juicio “

Hay tener en cuenta es que Branco (capitanich) heredó un Instituto de Colonización desvastado en lo administrativo, con altos niveles de corrupción, con sectores que fueron copartícipes del saqueo más importante que se dio a la tierra fiscal en la provincia, que fue durante la gestión de Rozas.
Al margen de toda la situación de la tan discutida designación del futuro titular del organismo, la situación de las tierras aun no ha sido resuelta, ejemplo las 200 denuncias de campesinos e indígenas quienes en su mayoría padecieron desalojos lamentables.
Por otra parte la diputada indígena agrego “quiero agregar también que me cayo mal que el gobernador quiera designar a John Paris, porque fue quien persiguió a nuestro líder del movimiento indígena, orlando charole, y además en esa persecución fue justamente en la época del exgobernador Rozas por eso no entiendo al gobernador esta actitud de apoyar a este señor, pero quiero dejar en claro no voy a acompañar para nada este apoyo del gobernador a señor John Paris. Reconozco también que el fiscal del tribunal de cuentas ha hecho una denuncia por el entonces desastre de las tierra dio a conocer del negociado de las tierra de la provincia pero no acompaño para nada”

Tal como menciona la diputada, Raúl John Paris fue uno de los que investigo además de las organizaciones sociales, la venta indiscriminada de las tierras de la provincia, uno de los casos de corrupción más grande de la historia. Allí Las tierras bajo investigación serían más de un millón y medio de hectáreas. "Se privilegiaba la rapidez en los títulos en las adjudicaciones de más de 2.000 hectáreas, mientras que a los pobladores con pocas hectáreas no les salía nunca el título, a pesar de llevar años con esos trámites. Se denunciaba por aquel entonces que hasta el momento no hay novedad alguna.

La recuperación de las tierra por parte de las comunidades originarias viene desde hace muchos años, con denuncias e investigaciones fehacientes de lo cual hasta el momento no se regulariza en el caso de la reubicación de los criollo quines siguen ocupando, usurpando territorio indígenas. Estas situaciones el Estado, la justicia hace oídos sordos. La intención la diputada indígena es que estos padecimientos sean regularizados y que se lleve el efectivo cumplimiento de los derechos de las comunidades originarias por ende propone que dentro del organismo haya un vocal indígena, tal propuesta no fue acompañada por su par Egidio García (diputado indígena).

Colonialismo mediático: Chomsky y las 10 estrategias de manipulación mediática


El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica
Principio del formulario

El lingüista norteamericano Noam Chomsky elaboró la lista de las “Diez Estrategias de Manipulación” a través de los medios de comunicación masiva, que reproducimos aquí y que van desde la estrategia de la distracción, pasando por la estrategia de la gradualidad hasta mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.
1. La estrategia de la distracción
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3. La estrategia de la gradualidad
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4. La estrategia de diferir
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9. Reforzar la autoculpabilidad
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución!
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

Fuente: Por Noam Chomsky

El 29 de noviembre se debatirá la nueva Ley de Educación

En una sesión especial en Diputados- - Tras reunirse con diputados de la Comisión de Educación, el ministro Francisco Romero confió en que la iniciativa se convertirá en ley fruto del consenso. Los legisladores se comprometieron a convocar para el 29 de noviembre a una sesión especial, donde se tratará exclusivamente la nueva norma educativa del Chaco.
“Vamos a terminar noviembre diciendo que este año del Bicentenario concluirá con una ley del consenso, una nueva Ley Provincial de Educación que viene a inaugurar un tiempo fundacional para la escuela pública chaqueña”, afirmó el ministro de Educación, Francisco Romero tras participar de una reunión con los diputados de la Comisión de Educación. En el encuentro, del que también participaron otros funcionarios de la cartera educativa, los legisladores se comprometieron a convocar para el 29 de noviembre a una sesión especial donde se tratará exclusivamente la nueva normativa y se espera dar luz verde a “una ley de educación surgida de una construcción colectiva de toda la comunidad educativa que demandó dos años de trabajo”, describió el ministro.

Elba Altamiranda, María Lidia Cáceres, Marilyn Cristófani, Avelino Milar, Delia González, Beatriz Vásquez, Wilma Molina y Carlos Martínez recibieron en la Cámara de Diputados la visita de Romero, la subsecretaria de Educación, Norma Papinutti; la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Griselda Galeano; representantes de los gremios y docentes. Mantuvieron un extenso encuentro donde el tema central fueron los avances del proyecto de ley 3559/10 remitido por el Ejecutivo provincial y del cual Romero pidió explícitamente a los legisladores que se trate y sancione durante este ciclo lectivo para empezar el 28 de febrero del 2011 con la nueva ley provincial de Educación.

En respuesta, los diputados definieron que el próximo 29 de noviembre haya una sesión especial para tratar exclusivamente la ley. Tras agradecer a los diputados, docentes y sindicatos presentes, Romero consideró que las condiciones están dadas para que se sancione la norma, pues recordó que durante 2010 se dio respuesta a tres demandas educativas: “la garantía de estabilidad laboral para todos los docentes; el consenso correspondiente para que los cambios sean sentidos y acompañados; y que todos los chaqueños vean en la ley una prenda de unidad que responde a los cambios pero tiene la impronta de la contextualización, pertenencia e identidad propia, porque se trata de la formación de los ciudadanos”.

VIGENCIA DESDE EL 2011
“Venimos a ponernos a disposición de este Cuerpo porque precisamos concluir el año con el tratamiento y sanción de la ley, y si es necesario este Ministerio acompañará un pedido formal a los Diputados porque esta ley amerita una sesión especial en tanto será la ley del gran consenso”, enfatizó su pedido Romero. Y agregó que “los espacios que se generaron nos mostraron diferencias pero nos unimos en lo que más necesitamos: el instrumento de una ley que piensa en las próximas generaciones”. De este modo, adelantó la definición de una sesión especial tras la cual se espera que la nueva normativa “tenga vigencia a partir del año 2011 con el nuevo ciclo escolar”.

En este sentido, tras el encuentro con los diputados, el ministro contó que se especificó un cronograma que establece fechas de trabajo de asesores y diputados “para que lleguemos a la jornada histórica del 29 de noviembre con una ley del consenso, una nueva Ley Provincial de Educación que viene a inaugurar un tiempo fundacional para la escuela pública chaqueña”.

INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA
Para llevar tranquilidad a la comunidad, Romero explicó que “todos los participantes estamos de acuerdo en que el nivel inicial de 4 y 5 años será obligatorio, y habrá una primaria de 7 años, una secundaria de 5 y una técnica de 6”. “El 7mo no se pierde sino que con la modificación vuelve a la primaria, se ubica físicamente en la primaria en aquellas escuelas que tienen las condiciones edilicias y quedan en el mismo lugar en aquellas que aún no puedan albergarlos, dependiendo administrativa y pedagógicamente de la escuela primaria más cercana”, describió el ministro la futura transición.

“Muchos de los docentes de 8vo podrán titularizar y en el caso de que se den de baja, para la nueva alta de docentes de 1ro y 2do año el artículo 21 establece que tendrán prioridad en la designación”, agregó Romero. No obstante, también marcó que se va a tratar “un nuevo instrumento en consenso con todos los presentes que dé absoluta tranquilidad a los docentes de 7mo, 8vo y 9no acerca de la conservación de sus derechos y su estabilidad

fuente_ datachaco

Acuerdo en proyecto para frenar desalojos en el campo -Una ley para mantener la vida campesina


Organizaciones rurales de base consensuaron un proyecto de ley para frenar desalojos y declarar la función social de la tierra. La iniciativa cuenta con el apoyo del Ministerio de Agricultura. Será respaldada por legisladores del FpV y Nuevo Encuentro

Frenar los desalojos campesinos y declarar la función social de la tierra son dos de los ejes del proyecto de ley impulsado por organizaciones campesinas del país que, en un hecho con pocos precedentes, se unieron para consensuar los artículos y planificar acciones directas para asegurar la aprobación de la norma. De sancionarse, será un primer gran freno al modelo de agronegocios que, con la soja como estandarte, implicó el avance de la frontera agropecuaria y provocó la expulsión de 300 mil familias campesinas e indígenas. El proyecto de ley es impulsado por la base de la pirámide del sector campesino, en los antípodas de la Mesa de Enlace, y cuenta con el apoyo de legisladores del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro, y el visto bueno del Ministerio de Agricultura de la Nación. “Es una iniciativa nacida de la diversidad de organizaciones, que somos quienes padecemos y enfrentamos el modelo de agronegocios. Será un freno legal a las topadoras, y vamos por más, por las tierras que nos arrebataron”, explicó Miriam Bruno, del Foro de la Agricultura Familiar (Fonaf).

“Declárese la emergencia territorial por el término de cinco años en materia de posesión y propiedad de las tierras rurales que ocupan en calidad de poseedoras las comunidades campesinas y agricultores familiares”, detalla el primer artículo del proyecto de ley, consensuada –además del Fonaf– por el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI–Vía Campesina), Frente Nacional Campesino (FNC), Movimiento Campesino Liberación (MCL) y la Mesa Provincial de Organizaciones de Productores Familiares de Buenos Aires.

El proyecto de ley solicita la suspensión de desalojos durante cinco años (incluso la suspensión de ejecución de sentencias y actos administrativos que persigan ese fin) e insta, en los tres primeros años, a realizar un relevamiento de posesión y uso de tierras. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Agricultura, pero con la “participación indispensable” de las organizaciones campesinas.

La fundamentación del proyecto cuestiona el actual modelo extractivo: denuncia el avance minero, petrolero y los agronegocios. Los sindica como contrarios a la vida campesina y violatorios de los derechos humanos. También innova al proponer la tierra como un bien social, y no como una mercancía en busca de rentabilidad. Propone una mirada integral de la problemática de tierra, que acabe con la inseguridad jurídica que viven las familias ancestrales y que instale una política agraria con los campesinos como actores centrales, con acceso al agua, tierra y créditos.

“Entendemos la tierra como un bien social para el trabajo comunitario y la agricultura familiar, y no como renta. La tierra para reproducir la vida y preservar la diversidad, como sustento de la soberanía alimentaria, con uso sustentable de recursos naturales”, explicó el MNCI.

Argentina es visto como un alumno modelo en el mercado de agronegocios mundial. En 1997 se cosecharon en el país 11 millones de toneladas de soja transgénica y se utilizaron seis millones de hectáreas. Diez años después, en 2007, la cosecha llegó a los 47 millones de toneladas, abarcando 16,6 millones de hectáreas. En la actualidad, la soja abarca 19 millones de hectáreas, la mitad de la superficie cultivada del país. Consecuencia directa, según relevamientos de las organizaciones, 300 mil familias expulsadas de sus territorios ancestrales y con destino a los barrios empobrecidos de las grandes ciudades.

La investigación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), La tierra en Argentina, de Marcelo Sili y Luciana Soumoulou, resume: “Desde el punto de vista de la estructura agraria, la distribución de la tierra es sumamente inequitativa”. Y, en base a estudios oficiales, revela que el 2 por ciento de las explotaciones agropecuarias controla la mitad de la tierra del país. Mientras que el 57 por ciento de las chacras, en su mayoría campesinos y pequeños productores, cuenta sólo con el 3 por ciento de la tierra.

El proyecto de ley, que comienza desde hoy a ser girado a todos los senadores y diputados, cuenta con seis artículos, extensa fundamentación y abre la puerta a un histórico reclamo de campesinos, siempre negado por grandes propietarios: revisar títulos de propiedad de dudosa procedencia y, para quienes fueron desalojados, la inmediata devolución de sus tierras. La fundamentación del proyecto de ley también refiere al “uso comunitario de las tierras recuperadas por la lucha de las organizaciones”.

Miriam Bruno, del Fonaf, confirmó que las organizaciones que comienzan a articular están lejos de conformarse con las tierras que tienen, y que van por las aptas y necesarias para mantener la vida en el campo. “Tenemos diversidad de miradas entre las organizaciones, pero también los mismos enemigos, como las cuatro patronales de la Mesa de Enlace. Entonces vamos por más, por ejemplo, planes de colonización, la vuelta a los territorios de campesinos, indígenas, colonos, chacareros”, adelantó.

La fundamentación destaca que los desalojos son producto, además del modelo extractivo, de la especulación inmobiliaria, empresas turísticas, la concentración y extranjerización de tierras, y la concentración económica. Recuerdan el rol del Poder Judicial como “brazo ejecutor para consolidar el modelo de agricultura sin agricultores familiares, campesinos e indígenas”, sin tener en cuenta el Código Civil, ni pactos internacionales.

“El desalojo vulnera derechos humanos básicos, en convivencia con el Poder Judicial y político, terratenientes y abogados. Los Estados deben diseñar políticas para evitar estas prácticas”, exigen las organizaciones. Y recuerdan, como ejemplo de incumplimiento, la ley 26.160, de suspensión de desalojos indígenas y relevamiento catastral de territorios. Las exigencias al Estado son concretas: ordenamiento territorial, impulso concreto de la agricultura familiar, financiamiento al sector, mensuras y reforma agraria integral.

Críticas a un proyecto de la FAA

Las organizaciones que consensuaron el proyecto de ley no son las únicas del sector rural de Argentina, pero sí son referentes en la construcción de un modelo en los antípodas de la Mesa de Enlace. Con históricos matices en cuanto a proyectos políticos y formas de construcción, es la primera vez que acuerdan e impulsan una acción conjunta para las 200 mil familias campesinas. Algunas organizaciones adhieren plenamente al kirchnerismo, otras experimentan un acercamiento y apoyo crítico, y todas descreen del giro que intenta dar Federación Agraria.

“Fueron vagón de cola de la Mesa de Enlace, de lo más retrógrado del campo, golpistas, ahora (Eduardo) Buzzi quiere hablar de desalojos y de pequeños productores. No le cree nadie, es parte del modelo sojero. Perdió hace años las banderas de la lucha del pueblo”, denunció Martín Goizueta, de la Mesa de Productores de Buenos Aires. La crítica apunta a que hoy, en el Congreso, Federación Agraria presenta un proyecto para frenar desalojos, aunque sin apoyo de las organizaciones que históricamente enfrentan topadoras y padecen el avance de la soja, en buena parte de la mano de la Mesa de Enlace.

El Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI) también apuntó a Federación Agraria: “A Buzzi no le importan los campesinos, incluso hay muchos casos de integrantes de FAA que desalojaron a nuestros compañeros. Son parte de las patronales del campo, socios de las transnacionales del agro”.

Goizueta destacó que el proyecto de ley para frenar desalojos es resultado del “reencontrarse” de muchas organizaciones campesinas que privilegiaron el enemigo en común (“el modelo agropecuario”). Reconoció diferencias, “diversidad”, y aclaró que el desafío es lograr la articulación del sector campesino “para instalar y desarrollar un modelo rural con justicia social”.
Por Darío Aranda
Fuente: Página/12

martes, 9 de noviembre de 2010

Fumigaciones: huelga de hambre por falta de respuesta del Defensor del Pueblo‏

RENACE INFORMA
RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA de la Argentina
Comienza la nueva campaña de la soja transgénica
12 millones de personas volverán a ser afectadas por las pulverizaciones con pesticidas

HUELGA DE HAMBRE
Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010
En el convencimiento de que se inicia una época muy difícil y riesgosa para millones de habitantes que viven cerca de las zonas fumigadas, el Ing. Claudio Lowy inicia hoy una huelga de hambre
ante la Defensoría del Pueblo de la Nación para que se responda por una petición que ya lleva casi un año sin respuesta:
El Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos,
petición acompañada por más de 2.700 adhesiones.

Se solicita que la clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad, asi como que los que no tengan demostrado el grado de su toxicidad subletal y crónica sean clasificadas como “sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
Además, que los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas o laboratorios que no estén o no hayan estado vinculados a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran o comercializan los agroquímicos.
La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio. La primera reunión con integrantes del Área Ambiental de esa institución fue en diciembre del 2009. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, recibiendo por respuesta que la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió. Tampoco la reunión con expertos que dijeron se iba a convocar.
El pasado 30 de septiembre solicitamos se nos informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvimos respuesta. Se procuró información telefónica y se informó que las personas que llevaban la actuación estaban de licencia. Otros intentos de contacto e información tambièn fueron infructuosos.
Por todo ello, en el día de hoy se inicia una huelga de hambre con presencia efectiva en la entrada de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Se anexa la presentación completa.


La noticia no es la huelga de hambre. La noticia son los millones de personas afectadas por las fumigaciones; y la falta de respuesta del Defensor del Pueblo de la Nación al Requerimiento que podría brindarles protección y seguridad. Por ello, indicamos a los medios y a la población en general las formas de contacto con el Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella, así como con algunos de los muchos afectados para que hablen directamente con ellos.

Defensor del Pueblo de la Nación, Dr. Anselmo Sella:
Secretaría: (011) 4819-1602 – Defensoría: 0810.333.3762 • Fax: (011) 4819-1581
www.dpn.gob.ar/contacto.php?sec=cons&cnt=91

CONTACTOS CON VECINOS FUMIGADOS

En San Jorge, Pcia de Santa Fe:
Esteban Roglich (03406) 45-6061
Viviana Peralta (03406) 42-7781
David Ercole (03406) 45-9109
En Estación Diaz, Santa Fe:
Domingo Raul Rodriguez: 3466411861
En Desvío Arijón, Santa Fe:
Liana Alonso (0342) 155196167
En Rufino, Santa Fe:
Betina Righetti (03382) 45-7940
En San Agustin, Balcarce, Bs As:
Clelia Voiuilloz (0223) 155 950490
Enrique Valiente (02266) 491114
En Mar del Plata, Bs As:
Marcos Yedaide (0223) 155671263
En La Leonesa, Chaco:
Elio Servín (03722) 15213195
Madre de niño con Leucemia Linfoblástica Aguda - Laura Mazitelli (03722) 15 738467
En Ituzaingó Anexo, Cordoba:
Sofía Gatica, madres de Barrio Ituzaingó (0351) 4970853 (0351) 156123918
En San Pedro, Bs As:
María José Cés (03329) 15515312
En Rojas, Bs As:
Eugenio Freire (02475) 15410182
En Los Toldos, Bs As:
Margot Goycochea (0236) 2527694
En Rosario, Santa Fe:
Dr. Víctor H. Smith (0341) 4376644
En Saladillo, Bs As:
Juan Burgos (02344) 454984
En Basavilbaso, Entre Rios:
Fabián Tomassi (03445) 481801


Ing. Claudio Lowy – (011) 15-6467-5187
ecolowy@yahoo.com.ar

ANEXO:

PRESENTACION COMPLETA AL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA NACIÓN

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 2010.-
Sr. Adjunto I,
A cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación,
Dr. Anselmo Sella

Ref.: Apoyo al Requerimiento de cambio de la metodología en la clasificación de los agroquímicos.
Actuación 1.680/10. Huelga de hambre.

De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de manifestarle mi decepción y rechazo por la notoria negligencia con que la Defensoría a su cargo ha tomado el Requerimiento al Defensor del Pueblo de la Nación solicitando su intervención para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos, que ya cuenta con más de 2.700 adhesiones de ciudadanas y ciudadanos argentinos de todo el país que manifiestan con su firma y su DNI en planillas de papel, el rechazo a los riesgos y daños a la salud que generan los agroquímicos; y peticionan que:

1. La clasificación toxicológica de los agroquímicos considere el conjunto de todos los daños a la salud que por su toxicidad pueden generar estos productos, y no sólo la toxicidad letal aguda, como ocurre en la actualidad.
2. Los agroquímicos cuyo uso sea autorizado y no tengan demostrado el grado de su toxicidad tanto en las dosis letales agudas, como en las subletales y las crónicas sean clasificadas como “Ia: sumamente peligrosos, muy tóxicos”; e identificados con banda roja.
3. Los formulados de los agroquímicos sean clasificados con la toxicidad mayor, que puede corresponder a la del componente más tóxico, o al del formulado considerado integralmente.
4. Los estudios sobre los que se basan las clasificaciones de los agroquímicos sean realizados por investigadores, empresas y/o laboratorios que no estén y/o no hayan estado vinculados de alguna manera a las empresas y laboratorios que patentan, elaboran y/o comercializan los agroquímicos.

Como se explica en los vistos del Requerimiento, la metodología de clasificación de los agroquímicos utilizada según la Resolución 350/99 de la entonces Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca, es la Dosis Letal Aguda 50 % (DL50). Esta metodología no contempla la toxicidad subletal ni la toxicidad crónica, por lo que los pesticidas son clasificados de una manera mucho más benigna de lo que correspondería; además de los otros aspectos de la petición ya indicados.
La aplicación de la propuesta haría que los agroquímicos quedaran clasificados con una toxicidad mayor, que correspondería a los riesgos y desconocimientos reales de los daños que pueden provocar en la salud y en el ambiente. Las normas de diferentes provincias e incluso locales obligan a la aplicación más alejada de las viviendas cuanto mayor es la clasificación toxicológica del producto; por lo que la reclasificación propuesta implicará el alejamiento de las pulverizaciones de los lugares donde vive la gente, que hoy se está haciendo del otro lado de la calle o de la medianera de las casas.
El caso más significativo por la cantidad usada es el de los formulados del glifosato, que suelen contener coadyuvantes que son más tóxicos que el principio activo. La deficiencia de la metodología se pone de manifiesto nuevamente con el hecho de que hasta el 2009 fue considerado Clase IV (la menor toxicidad) e identificado con banda verde, y recién en el 2009 fue clasificado como clase III, sin tener en cuenta, todavía, la mayoría de los daños subletales y crónicos que puede producir. Hasta ese momento se inducía su aplicación en forma poco cuidadosa y desaprensiva, ya que los envases de sus formulados eran señalizados con la Banda Verde. Es claro que la banda azul que corresponde a la clase III tampoco es indicadora de la toxicidad real de esos formulados.

La competencia de la Defensoría

La situación es tan grave, que la Defensoría debería haber actuado de oficio:
• La Resolución citada 350/99 que regula la autorización y clasificación de los agroquímicos en la Argentina es una norma del Poder Ejecutivo Nacional, cuya aplicación produce daños en forma sistemática, y que puede ser modificada por otros dos tipos de norma del mismo Ejecutivo: otra Resolución o un Decreto Presidencial.
• El tema es claramente de la competencia de la Defensoría, ya que se trata de hechos u omisiones de la administración pública nacional y sus agentes, que implican el ejercicio ilegítimo, defectuoso, irregular, abusivo, arbitrario, discriminatorio, negligente, gravemente inconveniente o inoportuno de sus funciones, incluyendo aquéllos capaces de afectar los intereses difusos o colectivos, tal como lo indica el artículo 14 de la Ley 24.284.
• El artículo 15 de la misma ley establece que el defensor del Pueblo debe prestar especial atención a aquellos comportamientos que denoten una falla sistemática y general de la administración pública, procurando prever los mecanismos que permitan eliminar o disminuir dicho carácter.
La falla sistemática a que hace referencia este último artículo está claramente presente en este caso, ya que la metodología de clasificación DL50 en forma sistemática otorga a los pesticidas una clasificación toxicológica que afecta a todos los pesticidas al no exigir que se consideren las toxicidades crónicas ni las subletales, por lo que sistemáticamente son clasificados como si fueran mucho menos tóxicos de lo que en realidad son, tal como se indica en la Actuación 1.680/10.
Cabe señalar aquí los contenidos de los Considerandos del Requerimiento:

Que el artículo 41 de la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; tienen el deber de preservarlo.”
Que la Ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, define al principio precautorio en su art. 4 en los siguientes términos: “Cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científicas no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del medio ambiente”.
Que este principio precautorio es sustento de la inversión de la carga de la prueba.
Que, consecuentemente, no somos los habitantes de la Nación los que debemos demostrar que los agroquímicos y los procesos productivos nos causan daño; sino que es el Estado que aprueba su uso y las empresas que los patentan, producen, comercializan, utilizan o inducen su utilización las que deben demostrar que no nos causan daño.
Que el Estado debe garantizarnos que esas demostraciones son válidas.

Reuniones, consultas y actividades en común con la Defensoría

La primera reunión por este tema la tuvimos con integrantes del Área Ambiental de esa institución en diciembre del 2009, hace ya casi un año. La primera presentación del Requerimiento fue realizada el 20 de mayo del corriente, quedando individualizada como Actuación 1.680/10, con la adhesión de 1.036 firmas. En ese momento se nos dijo que con el estado de avance conjunto de la actuación, a más tardar la Recomendación sería emitida por la Defensoría a fin de ese mismo mes de mayo, lo que no ocurrió.
Se nos dijo que era necesario realizar una reunión de expertos, médicos, ingenieros agrónomos, bioquímicos; incluso en forma conjunta con el personal del Área Ambiental elaboramos listas de posibles participantes de esa reunión, que nunca fue convocada.
En los meses siguientes se hicieron presentaciones de adhesiones adicionales al Requerimiento, completando a la fecha la cantidad indicada arriba.
Varias veces en estos meses solicitamos se nos informe acerca del estado de la tramitación, y se nos respondió en cada oportunidad otra cosa: que estaba por salir, que había vuelto, que ya estaba, que había que agregarle información, que era necesario hacer una consulta. Salvo la primera y frustrada respuesta de que saldría a fines de mayo, nunca hubo una información sobre el estado del trámite que permitiera avizorar una fecha de emisión de la recomendación. El 30 de septiembre solicitamos por escrito se nos informara el estado de actuación de la Resolución 1.680/10, y tampoco obtuvimos respuesta.

El estado de riesgo actual

Los daños a la salud de la población afectada asociados a la pulverización de pesticidas está documentada por numerosos estudios de instituciones oficiales y no oficiales que son independientes de las empresas que producen, comercializan, patentan o inducen el uso de estos productos.
A los estudios y casos a que hace muy bien referencia la Resolución Nº 331 de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fé, de diciembre de 2009, confirmando la prohibición de fumigar a menos de 800 mts. de las viviendas en el Barrio Urquiza de la ciudad de San Jorge por vía terrestre y a 1500 mts como mínimo por vía aérea, hay que agregarle los informes y comunicados posteriores vinculados a las solicitudes del Requerimiento:

• Así como otros investigadores en momentos anteriores, el Dr. Alberto Cassano Profesor Titular Consulto de la UNL. Investigador Superior Emérito del Conicet señala en un comunicado del 15/7/2010, como ya lo habían expresado anteriormente otros investigadores, que la recomendación de la EPA estadounidense para la aprobación del glifosato, se basa fundamentalmente en el trabajo de Williams y colaboradores que fue realizado en conjunto con y financiado por Monsanto.
• El informe de la Universidad Nacional del Litoral del 10 de Septiembre de 2010, respondiendo a la Demanda de la justicia de Santa Fe en el caso citado anteriormente, a pesar de ser muy cuestionable en muchos aspectos, entre otros que no explicita con claridad la necesidad de aplicar el principio precautorio, expresa en sus “Conclusiones, Consideraciones y recomendaciones generales” partes de los riesgos, prevenciones y estudios que habría que hacer y tener en cuenta, y que no se hacen, para limitar los daños de los agroquímicos a la salud y al ambiente, así como reconoce daños originados en el uso de los formulados del glifosato que son sistemáticamente ignorados. Esas conclusiones se adjuntan como Anexo I (se pueden consultar en www.unl.edu.ar/noticias/media/docs/Informe%20Glifosato%20UNL.pdf) .
• El gobernador del Chaco creó en diciembre del 2009 la Comisión de Investigación de Contaminantes del Agua del Chaco, que entregó en junio/2010 el denominado “Primer Informe” a la Casa de Gobierno provincial y en el Ministerio de Salud local. Señala que los casos de cáncer en niños se triplicaron y las malformaciones en recién nacidos aumentaron 400 por ciento en la última década. . Los casos de cáncer están focalizados en la localidad de La Leonesa, cercana a Resistencia y epicentro de las denuncias por el uso de herbicidas y plaguicidas. La Justicia ordenó frenar las fumigaciones y exigió urgentes estudios de impacto ambiental.
Y dice el informe: “Respecto de patologías oncológicas infantiles, leucemias, tumores cerebrales y linfomas, se observa un mayor número de casos anuales a partir de 2002. En La Leonesa, en el período 2000-2009 se comprueba un incremento notable, que triplica la ocurrencia de cánceres en niños”. Observando la multicausalidad del cáncer, indica la única de esas causas que varió juntamente con las enfermedades: “Este incremento de la casuística coincide con la expansión de la frontera agrícola (...) vulnerando la salud de la población, debido a que las prácticas y técnicas de cultivo incluyen pulverizaciones aéreas con herbicidas cuyo principio activo es el glifosato y otros agrotóxicos.
• El informe del 1er ENCUENTRO DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de este año, que se adjunta como Anexo II (se puede consultar en www.hoylauniversidad.unc.edu.ar/2010/septiembre/primer_encuentro_pueblos_fumigados_2010.pdf) , señala:
Los cultivos transgénicos sujetos a fumigación sistemática cubren 22 millones de has. pertenecientes a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, San Luis, Chaco, Salta, Jujuy, Tucumán, La Pampa y Corrientes. En esta enorme extensión del país, en los pueblos, rodeados de campos, viven por lo menos 12 millones de habitantes, según lo calculado por geógrafos de la UNC, sin contar la población de las grandes ciudades en cada provincia.
Estos doce millones de argentinos son fumigados directamente, es decir que, reciben una parte suficiente de esos 300 millones de litros de agrotóxicos sobre sus casas, escuelas, parques, fuentes de agua, predios deportivos, lugares de trabajo: sobre sus vidas. Esta población es la población a cargo de los médicos de los pueblos fumigados, en la que observamos incrementos alarmantes de grandes y significativas cantidades de cánceres, malformaciones y trastornos reproductivos, hoy ya inocultables.
La realidad es incontrastable, como lo demuestra por ejemplo, la georeferenciación realizada por las madres de Bº Ituzaingó y el equipo de atención primaria de la Municipalidad de Córdoba, en el año 2005, de los casos de Bº Ituzaingó, donde si bien actuaron otros contaminantes, los agroquímicos tuvieron un papel relevante.
La situación es aún más gravosa dado que es en este el período del año, en noviembre, cuando se inicia la siembra de la soja en las 20 millones de hectáreas, con la aplicación, en números redondos, de 200 millones de litros de formulados del glifosato, el principal pesticida utilizado en la agricultura de monocultivo con agroquímicos en nuestro país, que afectará la salud y la calidad de vida de unos 12 millones de personas que tienen sus viviendas a distancias cercanas a los campos donde los pesticidas son rociados por aire con aviones y por tierra con los denominados mosquitos.
Como se expresa arriba, la clasificación benigna de este pesticida, tal como se indica en el Requerimiento, permite que sea aplicado cerca de las poblaciones, ya que las normas provinciales y locales definen menores espacios libres de aplicación cuánto menor clasificación toxicológica tiene el producto aplicado. Esas aplicaciones harán correr el riesgo a esas poblaciones de los cánceres, especialmente en niños, las malformaciones congénitas, los abortos espontáneos, las alergias, los daños oculares, y tantos otros daños que señalan estudios oficiales y no oficiales de investigadores independientes de las empresas que comercializan el producto y el paquete tecnológico vinculado a ese cultivo.
Por eso, señor Defensor del Pueblo de la Nación a cargo, Dr. Anselmo Sella, es tan necesario que usted actúe rápidamente según lo que se le solicita en el Requerimiento para el cambio de la metodología de clasificación de los agroquímicos.

El apoyo al Requerimiento y la protesta por la negligencia

Dada la urgencia de la situación y las infructuosas tramitaciones realizadas hasta el momento ante la Defensoría a su cargo, no me queda otra alternativa que el inicio de una huelga de hambre en apoyo al Requerimiento y en protesta por la negligencia puesta de manifiesto por la Defensoría a su cargo.
Dado el riesgo a mi seguridad personal por los intereses económicos y políticos en juego, copia de esta nota, adjuntando la documentación correspondiente, será remitida a
• Los movimientos sociales articulados en la Red Nacional de Acción Ecologista (RENACE) y a la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC).
• La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
• Amnistía Internacional
• Consulados de países integrantes del MERCOSUR.
• El Consulado de España en mi condición de ciudadano español, y de países de la UE.
• La UNESCO
• Las agencias de noticias nacionales e internacionales.

Adjunto:


• Anexo I: Punto 8 del Informe de la Universidad Nacional del Litoral: “Conclusiones, Consideraciones y recomendaciones generales”, respondiendo a la Demanda de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fé
• Anexo II: El informe del 1er ENCUENTRO DE MEDICOS DE PUEBLOS FUMIGADOS realizado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba en agosto de 2010.

Lo saludo atte.

Claudio Lowy
DNI Argentino: 7.693.032
DNI Español: 41591763-N
Ingeniero Forestal- (UNLP)
Master en Desarrollo Humano Sostenible-Cátedra UNESCO- Universidad de Girona
Doctorando en ciencias Sociales-UBA