Por Carlos Rodríguez
“Es insólito lo que dijo públicamente la fiscal (Gloria Rejala) para justificar que no les hizo la prueba de parafina a los policías, porque ellos siempre están armados y esa prueba no sirve, para ellos, a la hora de determinar si dispararon o no durante la represión de la semana pasada.” El abogado Eduardo Davis, que representa a los 35 imputados por los sucesos del martes 23, se mostró entre indignado e irónico a la hora de evaluar las pruebas que podrían ser válidas para establecer responsabilidades. “Si querían resguardar los derechos de todos se tendrían que haber hecho todas las pruebas, porque no es lo mismo tener la pistola en la cartuchera, que tomarla y empezar a disparar.”
Davis dijo que “lo más insólito es que ni siquiera se le hizo la prueba de parafina a uno de los miembros de la familia Celía, cuando uno de sus integrantes, en forma pública, admitió que hizo disparos, aunque aseguró que los hizo ‘al aire’, sólo para amedrentar, cuando hay testigos que aseguran que tiró a pegar”. Davis se presentó ayer como representante legal de los pobladores que aparecen como “sospechosos” en una causa por un delito tan grave como “doble homicidio”.
“Es increíble cómo se está trabajando en la causa, porque hasta el momento los únicos ‘sospechosos’ son los 35 pobladores que estaban cortando la ruta y que fueron detenidos en su momento.
Desde el gobierno provincial se hace la misma discriminación a la hora de evaluar lo ocurrido. La Secretaría de la Mujer de Formosa denunció ante el Consejo Nacional de la Mujer las supuestas agresiones sufridas por la oficial de policía Laura Delgadillo. Lo extraño es que nada dijeron acerca de los golpes sufridos por varias mujeres de la comunidad aborigen. Alicia, habitante de La Primavera, le mostró a la fotógrafa de este diario los moretones que lleva en su cuerpo por los golpes de la policía. “Será que no nos consideran mujeres”, se quejó Alicia
fuente pagina 12
A la CIDH por la represión al pueblo Qom
ResponderEliminarEl CELS, junto con la Defensoría General de la Nación, presentó un escrito ante la CIDH por la represión ocurrida contra la comunidad indígena Toba Qom de “La Primavera” en Formosa. En él solicitan a que se inste al Estado Nacional a “proteger a los indígenas” y la suspensión de “todo acto de desalojo”.
En forma conjunta, el Centro de Estudios Sociales y Legales (Cels) y la Defensoría General de la Nación, presentaron un escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde le solicitan que inste al Estado Argentino a “proteger a los indígenas y sus dirigentes, suspender todo acto de desalojo y promover la investigación y sanción de los responsables de los ataques”.
“Lo sucedido desde agosto del corriente año y más específicamente entre el 23 y 24 de noviembre de 2010, demuestra la amenaza actual e inminente al derecho a la vida, integridad personal, posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionales y a la protección judicial de estas personas”, explica el escrito enviado al organismo internacional.
Asimismo, se describen los hechos ocurridos durante la represión policial y que culminaron con la muerte de de un integrante de la comunidad, Roberto López y del policía provincial, Heber Falcón y más de 20 heridos, algunos de ellos de gravedad. Ya el 12 de agosto pasado, el Cels remitió a distintas dependencias del gobierno nacional información sobre la situación de la comunidad La Primavera y había solicitado la intervención del Estado federal.
Por su parte, la Defensoría Oficial impulsó una medida de no innovar, concedida en septiembre de este año, en la cual se ordenó “a las fuerzas policiales que se abstengan de realizar cualquier acto de intimidación sobre los miembros de la comunidad indígena”. En igual sentido, la Defensoría también presentó una acción colectiva de reconocimiento de posesión y propiedad comunitaria del territorio que ocupa la comunidad La Primavera.
“El CELS ya había denunciado al Estado argentino ante la CIDH por un hecho de represión policial contra otra comunidad toba de Formosa, que tuvo lugar el 16 y 17 de agosto de 2002. En aquella ocasión, más de 100 policías ingresaron violentamente a la colonia de Nam Qom, destrozaron las viviendas y realizaron detenciones masivas e indiscriminadas que incluyeron a mujeres y niños, quienes luego fueron torturados”, sostiene el comunicado difundido.
El pronunciamiento de la Federación Judicial Argentina
Al igual que varias organizaciones, la Federación Judicial Argentina se pronunció con respecto a la represión llevada a cabo en Formosa. “Exigimos al gobierno provincial el inmediato cese de la represión y persecución, cómo así también al Poder Legislativo y Ejecutivo nacional el reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos indígenas sobre la tierra, derechos consagrados por convenios internacionales, leyes nacionales y la Constitución Nacional los que son sistemáticamente violados”, sostiene un comunicado que lleva la firma de Víctor Mendibil, Secretario General de la FJA.
“Es fundamental avanzar en la construcción de una nación pluricultural, plurinacional y multilingüe” agrega y solicita al Poder Ejecutivo Nacional que “garantice el pleno derecho de los pueblos originarios” y la apertura de un “enjuiciamiento político a los integrantes del Poder Judicial Provincial que convalidaron esta metodología asesina”.
Fuente : DiarioJudicial.com