El organismo presentó un informe sobre la situación rural en
el noroeste provincial. El texto advierte sobre posibles conflictos.
El corrimiento de la
frontera agropecuaria implica la violación de derechos de campesinos y
comunidades indígenas. Lo afirmó la Defensoría del Pueblo de la Nación en su
último informe sobre la situación rural en el nordeste de Salta, donde constató
desmontes en zonas prohibidas, violencia sobre comunidades, incumplimiento de
leyes nacionales y provinciales, falta de control por parte del gobierno provincial
y la ausencia del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
“Se ha verificado una clara vulneración a los derechos de
pobladores criollos e indígenas, un potencial daño al medio ambiente, debilidad
en el accionar de la provincia para la solución de los hechos observados y la
existencia de un conflicto social latente, que demanda la urgente atención por
parte de todas las autoridades con el fin de evitar una escalada que produzca
consecuencias imposibles de remediar”, alertó la Defensoría del Pueblo.
La ruta nacional 81 recorre el nordeste de Salta, desde
Embarcación hasta Formosa. En el kilómetro 1790 se ubica la localidad de Fortín
Dragones (departamento San Martín). Criollos y comunidades wichí denunciaron en
2011 ante la Defensoría la presión para que dejaran sus tierras, tala
indiscriminada, cierre de caminos, falta de presencia del INAI, inacción del
Ministerio de Ambiente, necesidad de agua potable y de mejoras en las escuelas.
La Defensoría del Pueblo realizó tres visitas, confirmó las denuncias y acaba
de publicar el informe de situación “Vulneración a los derechos de pobladores
criollos e indígenas por deslindes y desmontes irregulares” y envió una carta
al gobernador, Juan Manuel Urtubey.
“(La región visitada) se encuentra sometida a una alta presión
desmontadora impulsada por los altos valores de la soja, que han ‘empujado’ a
la ganadería fuera de las zonas centrales de la Argentina desplazándola hacia
el gran Chaco argentino, y por lo tanto también a Salta. Estos cambios atentan
directamente contra el sistema tradicional de producción ganadera del criollo
chaqueño”, afirma la Defensoría, que recorrió doce comunidades.
Hace hincapié en tres leyes (dos nacionales y una provincial) que
protegen a las comunidades pero que no se cumplen. La ley 26.160 (sancionada en
2006) suspende los desalojos y ordena realizar un relevamiento catastral de
comunidades. “El fracaso del relevamiento es tal que implicó la anulación en
2011 del convenio entre INAI y el Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de
Salta (Ippis), por el que se financiaba al equipo de técnicos que efectuaría el
relevamiento. Apenas una decena de carpetas había sido presentada”, detalla.
La Ley Provincial 7658 es similar a la 26.160, pero para criollos
de Salta. Suspende los desalojos y prevé la realización de un censo de
campesinos. “El relevamiento nunca se realizó, por lo que la situación no pasó
de ser una expresión de deseos”, cuestiona la Defensoría.
La ley 26.331, conocida como “ley de bosques”, establecía un
reordenamiento territorial que identificara las zonas de monte en tres colores:
rojo (no se puede desmontar), amarillo (requiere autorizaciones para realizar
actividades intensivas) y verde (se puede desmontar). Las comunidades visitadas
están ubicadas en zonas rojas y amarillas.
El informe precisa que la provincia cuenta sólo con un equipo de
campo para fiscalizar y controlar la problemática de bosques de toda la
provincia. Advierte que en Salta se autoriza a desmontar “sin saber si las
comunidades están reclamando esos espacios (..). Las multas no tienen ningún
impacto sobre los desmontadores y, habiéndose retirado del predio (el equipo
provincial), las topadoras siguen su marcha”, asegura la Defensoría.
Hace especial mención al “proceso de arrinconamiento” que padecen
las comunidades mediante el cercado de fincas vecinas que limitan los espacios
de ganadería de criollos e indígenas. “Sus capacidades productivas se ven
fuertemente mermadas”, explica el informe. Los alambrados cierran los caminos
vecinales y limitan el paso de los animales hacia las aguadas, y en
consecuencia se restringe la actividad económica de subsistencia que
desarrollan las comunidades.
De la visita y los testimonios, la Defensoría señala la “falta de
presencia del INAI, circunstancia que favorecería las vulneraciones de los
derechos de los pueblos originarios”. El director de Derechos Sociales de la
Defensoría, Horacio Esber, apuntó a la situación nacional: “Los estados
provinciales, por acción u omisión, están ausentes en lo que respecta a los
derechos de campesinos y comunidades indígenas, y dejan amplias regiones libres
al accionar de empresarios y particulares que violan toda la legislación que
protege a los sectores más vulnerables del campo”.
La Defensoría remarca como hecho positivo la unión de 17
comunidades originarias y la conformación de la Federación Wichí. De similar
manera, se organizaron 40 familias campesinas como Asociación de Criollos.
“Estamos igual que cuando vino la Defensoría. Los empresarios nos encierran,
voltean los quebrachales y los palo santo, y se nos vienen con las topadoras
encima”, explicó Ramón Paz, de la Federación Wichí de la cuenca del río
Bermejo. Afirmó que la provincia “siempre promete (mejoras) pero nunca cumple”,
advirtió que ya no recurren al INAI “porque siempre nos quieren manejar” y
pidió dejar clara la posición wichí y criolla: “Siempre trabajamos acá, no nos
van a correr, tenemos derecho a vivir donde nacimos”.
Fuente: Darío Aranda- pagina 12
No hay comentarios:
Publicar un comentario