El Superior Tribunal de Justicia dejó firme una acción de amparo que ordenó al Gobierno del Chaco garantizar los derechos de los pueblos qom, wichí y mocoví. La acción fue impulsada por el IDACh en 2007 contra la gestión del exgobernador radical Roy Nikisch por no cumplir un acta acuerdo firmada en 2006 luego de sucesivas protestas de las comunidades indígenas.
Luego de seis años, el Superior Tribunal de Justicia dejó firme una acción de amparo que ordenó al Gobierno del Chaco garantizar los derechos de los pueblos originarios qom, wichí y mocoví, en cumplimiento del artículo 37 de la Constitución Provincial. Fue en el marco de una presentación judicial realizada en 2007 por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) ante el incumplimiento de un acta acuerdo por parte de la gestión del exgobernador radical Roy Nikisch. La lentitud de la justicia chaqueña contrastó claramente con la expeditiva intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en el mismo año dictó una cautelar ordenando a los Estados Nacional y Provincial garantizar una serie de derechos básicos de las comunidades aborígenes de El Impenetrable.
La sentencia, a la que tuvo acceso el portal de noticia y sus periodistas CHACO DIA POR DIA, se dictó a fines del mes de diciembre de 2012 pero hasta el momento no había tomado estado público. El fallo, que lleva la firma de los ministros del Superior Tribunal de Justicia Alberto Mario Modi, Ramón Rubén Avalos, María Luisa Lucas y Rolando Ignacio Toledo, rechaza la apelación del poder Ejecutivo a la sentencia de la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial, de septiembre de 2011, confirmando así la vigencia del amparo.
El origen de la demanda
La presentación judicial fue realizada en 2007 por el entonces presidente del IDACh, Orlando Charole, debido al incumplimiento del gobierno del radical Nikisch de un acta acuerdo firmada con la conducción de ese organismo indígena en agosto de 2006 con la cual se buscó poner fin a una escalada de protestas de las comunidades indígenas en reclamo por la falta de atención y la discriminación del gobierno de la Alianza Frente de Todos a las comunidades de El Impenetrable exigiendo el cumplimiento de artículo 37 de la Constitución del Chaco.
Las protestas habían comenzado en la zona de El Impenetrable, más precisamente en la localidad de Villa Río Bermejito, donde las comunidades qom denunciaron por discriminación racial al intendente oficialista Lorenzo Heffner, quién hoy sigue al frente del Municipio, siempre en apoyo al oficialismo provincial, que desde diciembre de 2007 encarna el gobernador justicialista Jorge Capitanich. Las manifestaciones siguieron con acampes en distintas rutas del interior del Chaco, en la propia Plaza 25 de Mayo de Resistencia y alcanzaron su punto de máxima tensión cuando un grupo de alrededor de doce integrantes de la comunidad qom tomó el 4º piso de la Casa de Gobierno del Chaco –donde se ubica la sede del Ministerio de Gobierno- y realizó una huelga de hambre de treinta y tres días.
“Exterminio” de las comunidades aborígenes
Las movilizaciones motivaron la intervención del por entonces defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quién denunció un “exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable” de las comunidades aborígenes tobas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que durante el año 2007 dictó una medida cautelar ordenando tanto al Estado Nacional como al Provincial garantizar una serie de derechos básicos a las comunidades originarias de El Impenetrable, como la provisión de agua potable, alimentos y medios de transporte y comunicación hacia los centros sanitarios y también convocó a una audiencia a las autoridades de ambos gobiernos y a representantes de las comunidades indígenas chaqueñas.
Justicia lenta
La expeditiva intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la acción impulsada por el exOmbudsman contrastó con la lentitud con la cuál la justicia chaqueña tramitó la acción de amparo impulsada por el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh) en un tema que no admitía dilaciones procesales cuando es públicamente conocida la dramática situación que atraviesan los pueblos originarios en la Argentina. A esto debe sumarse la actitud del poder Ejecutivo chaqueño de ganar tiempo apelando las sentencias de primera y segunda instancia y de no allanarse a cumplir las sentencias judiciales.
Vale recordar que el fallo de primera instancia de la titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia, Iride Isabel Grillo, fue dictado a principios de diciembre de 2008. En tanto, a la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial le llevó casi tres años confirmar la sentencia –en septiembre de 2011-. Un año y meses le insumió a los ministros del Superior Tribunal de Justicia rechazar la apelación del Ejecutivo y dejar firme la acción de amparo que garantice los derechos de las tres etnias originarias que pueblan el Chaco.
Fuente: Chaco día por dia
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