INTITUTO DEL ABORIGEN DEL CHACO

En la provincia del Chaco el Instituto del Aborigen Chaqueño es el ente que esta velando por las nesecidades de los pueblos Originarios de la provincia

martes, 15 de abril de 2014

CUATRO AÑOS IGUALES

El sábado se recordará el Día Americano del Indígena y aunque muchos crean que el paro docente es el único tema destacado para esta semana, elegimos hablar de una cuestión ausente de la agenda de noticias. Cada vez que se hace visible un problema que afecta intereses de los pueblos originarios el debate suele reducirse a versiones poco representativas, acotadas y superficiales. La educación es uno de ellos y a menudo, salvo que se trate de una represión con muertos, la voz de los protagonistas pareciera restar interés o jerarquía al relato. Esta semana recordamos que Chaco aún no cuenta con una ley de gestión social indígena.

Por: Claudia Araujo
Transitamos la semana de la palabra, y justamente hoy se celebra un congreso federal dedicado a ella. En la última semana hubo expresiones de adhesión y reflexión sobre el valor que le damos a ciertos espacios, grupos sociales y colectivos culturales. Sin embargo a mediados de 2013 en nuestra provincia se reabrió la discusión por una ley que contemplara la cosmovisión de los pueblos originarios en la administración de una escuela y se cercenó toda posibilidad de que prospere.

La figura de la gestión social indígena, con normas distintas a las del sistema tradicional, provocó reacciones de varios sectores. En varias oportunidades reprodujimos voces protagónicas de docentes que argumentaron la necesidad del cambio. No obstante los pronunciamientos que ocuparon la mayoría de los espacios fueron de sindicalistas docentes, que se pronunciaron por “temor a que se afecten derechos de la mayoría de trabajadores”.

En concreto, Atech y Federación Sitech alzaron la voz para frenar el análisis del anteproyecto. Hablaron de un tratamiento apresurado, unilateral, innecesario e inconsulto, que merecía un debate más profundo, y que “no discrimine a docentes criollos”.

En los papeles, el Estatuto del Docente no contempla la situación que plantean los legisladores porque cuando se sancionó no era visible ni se reconocían construcciones legales y culturales que hoy sí y que -se sobreentiende- ameritan una enmienda. Lo que no puede pasarse por alto es el hecho de que una mayoría que por siglos exterminó, explotó, abusó, excluyó y negó derechos de otro grupo social, se apropie del discurso de los oprimidos e intente victimizarse.

Los excluidos de los procesos de toma de decisiones, marginados, explotados, sometidos, torturados y asesinados, son unos 370 millones de personas en el mundo. Una población que equivale a la mitad de Europa, que casi duplica a Brasil y triplica el número de habitantes a México.

Según datos de Naciones Unidas pertenecen a unos 5.000 grupos que viven en más de 70 países de cinco continentes y que a menudo deben ocultar su identidad, abandonar la lengua materna y sus tradicionales por temor ser excluidos. Entonces ¿de qué legislación discriminatoria se puede hablar cuando se plantea dar prioridad a docentes indígenas para que dicten contenidos escolares a un puñado de alumnos?
El Estado chaqueño dio un gran paso al declarar al wichí, moqoit y qom lenguas oficiales. Sin embargo se está muy lejos de avanzar si aún no garantiza que niños y jóvenes de esas ascendencias puedan ir a escuelas con participación de referentes de sus comunidades.

Tres décadas 

En 1982, la ONU promovió la adopción de normas internacionales relacionadas con los derechos de los pueblos originarios y preparó un proyecto de declaración. El Chaco, pese a las enormes distancias y deudas con sus ancestros, cuenta con una ley propia que en 1987 hizo visible la cuestión aborigen.
Para la cumbre para la Tierra de 1992, comunidades originarias de varios países expresaron su preocupación por los problemas ambientales. Diversos órganos elaboraron programas para mejorar la salud, tasas de alfabetización y luchar contra la degradación de territorios ancestrales. En 1993 se estableció el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo y el decenio 1995-2004.
En 2000 se creó el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, compuesto por 16 expertos (la mitad gubernamentales y la otra mitad indígenas), para asesorar al Consejo Económico y Social, en temas relacionados a lo social, la cultura, la educación, el medio ambiente, la salud y los derechos humanos.
Con los pies en el siglo XXI y después de décadas de pequeños pasos para ganar terreno, los descendientes de los primeros habitantes del Chacú todavía no pueden hablar de equiparación de derechos en el acceso a la justicia, la salud, la educación, el trabajo o la vivienda.

Cinco objetivos

En 2014 se transita el final del segundo decenio internacional dedicado a la temática (se inició en 2005) y que trazó cinco objetivos:
-El fomento a la no discriminación y la inclusión de los pueblos indígenas en la elaboración, aplicación y evaluación de legislación, políticas, recursos, programas y proyectos en todos los niveles 
-El fomento de la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan directa o indirectamente a sus estilos de vida, a sus tierras tradicionales, su integridad cultural o cualquier otro aspecto de sus vidas
-La redefinición de las políticas de desarrollo para que incluyan una visión de equidad y espero de la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas
-La adopción de políticas, programas, proyectos y presupuestos que tengan objetivos específicos para el desarrollo de los pueblos indígenas, con parámetros concretos, e insistiendo en particular en mujeres, niños y jóvenes indígenas
-La creación de mecanismos de supervisión estrictos y la mejora de la rendición de cuentas en la aplicación de marcos jurídicos, normativos y operacionales para la protección de pueblos indígenas y mejoramiento de sus vidas
Después de leer los fundamentos, ¿quién puede dudar si cabe o no la discusión sobre abrir un intersticio en la legislación para garantizar derechos, que respete una cosmovisión preexistente a los pactos que crearon la Constitución Nacional?

Retoño qom

La presentacion del libro El retoño del pueblo qom: poesías y relatos del pueblo toba, con traducciones en lengua originaria de Mónica Silberio. En el cuarto piso de la Casa de las Culturas, Marcelo T. de Alvear y Mitre, de Resistencia.
La obra es presentada por el Instituto de Cultura del Chaco y publicada por la Dirección de Industrias Culturales y Economía.

En seguros educativos, el país está en pañales

Sólo el 2% de las escuelas privadas tiene pólizas que garantizan la finalización de estudios de sus alumnos. Aunque son muy pocos los padres que contratan ese tipo de servicios, la oferta comienza a aparecer en el país.

La tendencia asegura que el contrato de pólizas permite a los estudiantes concluir sus estudios, más allá de la vida de sus padres.

En la Argentina, por su tradición de educación mayoritariamente pública, no hay aún una cultura aseguradora de la educación. Sin embargo, poco a poco, escuelas con cuotas medias y altas están empezando a incluir en los aranceles un seguro de continuidad de estudios, como ocurre en los Estados Unidos, México y Colombia.

Se trata de seguros que, en caso de muerte del padre o la madre que paga el arancel, sostienen los estudios de los niños y jóvenes. La aseguradora liquida en una sola cuota y por adelantado la totalidad del pago para que termine sus estudios en esa misma institución.

Desde Sancor Seguros explicaron a Seguros que ese servicio se contrata desde las escuelas. El producto se llama Estudio Seguro, los destinatarios son los padres de alumnos que asisten a colegios pagos. Se asegura a la totalidad de los padres de los alumnos, es decir no es de contratación optativa.

En tanto, el broker AON Risk Services ofrece dos tipos de seguros. Uno destinado a las familias. Es la beca escolar que contrata directamente el padre, que coloca como beneficiario al colegio, destinatario del pago de la escolaridad completa del hijo en caso de su fallecimiento. También, ofrecen el modelo tradicional, de seguro de vida colectivo para todos los padres de una escuela.

En el país, algunos bancos, como el Hipotecario, tienen un seguro educación, pero se trata de un seguro de vida simple, cuyo monto, en caso de morir el asegurado, puede ser destinado para pagar la educación de los hijos.

Los especialistas coinciden que aún el fenómeno en la Argentina es muy acotado. Lo tendrá alrededor de un 2% de los colegios de todo el país, precisa a Seguros Alfredo Fernández, Secretario Legal y Técnico de la Asociación de Entidades Educativas Privadas de la Argentina (Adeepra). Sólo unos pocos de los colegios no subsidiados tienen este tipo de seguros. En el país, la educación privada tiene una larga trayectoria de hacerse cargo con una beca de la situación de un niño que atraviesa esa desgracia, apunta Fernández. Es que la ley no permite a un establecimiento privado dejar fuera de la escuela durante el ciclo lectivo a un chico cuya familia no pague la cuota, por ningún motivo. Legalmente, toda la educación es pública, sea de gestión privada o estatal.

El costo de la prima, mensual, se basa en el arancel y la cantidad de años que le resten al niño. Según Fernández, el costo varía de 20 a 50 pesos mensuales. Hoy, estos seguros incluyen sólo muerte o incapacidad de los progenitores. De 1998 a 2002, sin embargo, hubo ofertas que llegaron a prever desocupación. Hoy, estas coberturas son riesgosas, ya que 40% de la población está activa pero trabaja en negro, con lo cual no es posible comprobar la desocupación real de un padre. 

(Fuente: El Cronista Comercial)
 

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